Para transitar a la electromovilidad el gremio automotriz exige al gobierno federal “piso parejo” contra la ilegalidad de autos usados importados y políticas públicas con estímulos e infraestructura energética para el desarrollo de vehículos eléctricos, con un ambiente que genere certeza jurídica a las inversiones.

En los últimos ocho años, la industria automotriz inyectó inversiones por US$ 52.926 millones en México, lo que la coloca como el principal generador de inversión extranjera directa en el país.

Sin embargo, para transitar a la electromovilidad exige al gobierno federal “piso parejo” contra la ilegalidad de autos usados importados y políticas públicas con estímulos e infraestructura energética para el desarrollo de vehículos eléctricos, con un ambiente que genere certeza jurídica a las inversiones.

Los representantes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), delinearon su agenda para el desarrollo a la transición tecnológica bajo seis puntos: electromovilidad, combate al contrabando de autos usados de importación, certeza jurídica, seguridad, política energética con Estados Unidos y Canadá, así como promoción de cadenas de suministro.

Luego de la pandemia del Covid-19, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la invasión de Rusia en Ucrania, el sector productivo enfrenta la problemática del rompimiento de las cadenas de suministro, de modo que es urgente actuar para la integración regional de Norteamérica, se generen condiciones para la producción de semiconductores y la relocalización de empresas desde oriente, que responda a la contribución del sector en la economía como principal proveedor de Estados Unidos, dijo José Zozaya, presidente de AMIA.

En conferencia de prensa, el pleno de la industria automotriz en México, agrupada en la AMIA, INA, ANPACT Y AMDA condicionó sus inversiones y su desarrollo a los estímulos fiscales e infraestructura para la electromovilidad, y pidieron no estigmatizar la mano de obra mexicana como barata, sino calificada y tecnificada.

La industria pugnó por promover la electrificación de la flota vehicular mediante una política pública coordinada del Ejecutivo federal que contemple la implementación de incentivos fiscales.