El Estado de México busca que los encargados de dirimir problemas entre patrones y empleados se certifiquen para profesionalizar esta tarea, eje central de la reforma laboral.

El Estado de México inició ya la capacitación de los funcionarios que serán los encargados de la conciliación de los conflictos laborales bajo el nuevo modelo de justicia del trabajo que entrará en vigor en la entidad en el segundo semestre del 2020.

En octubre de este año abrirán sus puertas los nuevos centros de conciliación y tribunales laborales en 10 estados, como parte de la primera fase de implementación de la reforma laboral aprobada en el 2019. Estas instancias serán las encargadas de llevar el registro sindical y de dirimir los conflictos laborales en sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje.

El Estado de México encabeza la lista de las entidades que implementarán los cambios de justicia laboral en este año, le siguen Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Durango, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. Es el estado más grande de la primera fase y representa 7% del rezago de 643,000 casos de conflictos laborales locales pendientes en el país.

La encargada de la política laboral local, Martha Hilda González Calderón, está consciente que la entidad mexiquense será un “laboratorio de prueba” para poner en marcha el nuevo modelo de justicia laboral en el resto de los estados grandes del país. Y afirma en entrevista con El Economista que su entidad cuenta con la paz laboral y estabilidad para dar este paso, para lo cual ya armonizaron la legislación local con la federal y aprobaron una partida de 500 millones de pesos para este fin.

Capacitación, el primer paso

El Estado de México comenzó la capacitación de conciliadores, quienes tendrán que garantizar el espacio para que empleados y patrones logren un acuerdo prejudicial. La secretaria del Trabajo local asegura que requieren 120 conciliadores en la entidad para que los nuevos tribunales no se saturen como ocurre actualmente en las juntas.

“Tenemos que dar la mayor confianza tanto a los sindicatos como al sector productivo de que nuestros conciliadores laborales están debidamente capacitados y que estarán siendo evaluados constantemente. Si no hacemos con este rigor la formación de los conciliadores laborales, por supuesto los juzgados nuevamente se llenarán de juicios porque no habremos estado conciliándolos en la instancia prejudicial que nos corresponde a nosotros”, expone.

Pero la apuesta va más allá de la simple formación de conciliadores, están trabajando para lograr la certificación que avale la especialización de estos funcionarios y les permita trabajar en cualquier otro estado.

“Tendremos cinco sedes, y no solamente queremos formar a los conciliadores, queremos certificarlos y estamos trabajando con Conocer, que es la instancia certificadora, para que podamos tener un estándar de competencias definido para estos funcionarios”, detalla.

De acuerdo con las autoridades laborales federales, las entidades con los menores rezagos fueron elegidas para integrar la primera fase de implementación de la reforma, con excepción del Estado de México, que decidió participar voluntariamente en esta etapa.

Certidumbre para el T-MEC

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue uno de los motivos por los cuales el Estado de México entró en la primera fase de implementación. De acuerdo con Martha Hilda González, ante un escenario en el que se requería más certidumbre para la ratificación del acuerdo en el Congreso estadounidense, era necesario que una entidad como la mexiquense asumiera el compromiso de implementar la nueva justicia laboral desde la primera fase.

“Pudimos habernos quedado hasta el último momento, en el tercer paquete que será en octubre del 2022. Pero teníamos que dar una muestra contundente de que si esto era uno de los requisitos para aprobar el T-MEC con Estados Unidos y Canadá, un estado como éste iba asumir el desafío”, puntualiza.

La funcionaria afirma, además, que hay confianza en la reforma laboral, pues garantizará que los patrones tengan que velar por buenas condiciones para sus empeados, que los sindicatos sean más activos en la defensa de los trabajadores y que haya una resolución de conflictos laborales más rápida y efectiva.

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