Fernando Tomeo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Informático, aseguró que en la Argentina "no hay ninguna normativa específica que regule la actividad en las redes sociales".

Santiago. La explosión de las redes sociales en la Argentina en los últimos años no generó en forma paralela normas específicas que las regulen, un vacío que provoca que algunos jueces apliquen normas del Código Civil en caso de un litigio judicial, informaron especialistas.

El debate en torno a la privacidad y a la libertad de expresión en internet genera diferentes opiniones según los expertos consultados por Télam, que incluye también los criterios que aplican las empresas proveedoras para "monitorear" los mensajes de los usuarios de las redes.

Fernando Tomeo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Informático, aseguró que en la Argentina "no hay ninguna normativa específica que regule la actividad en las redes sociales".

"Esto genera que cada usuario de red social deba hacerse cargo de lo que escribe y que, en caso de algún litigio judicial por contenidos injuriantes, los jueces actúen como si las cuentas privadas fueran públicas y apliquen el derecho que rige en el Código Civil", precisó Tomeo.

El docente, titular de la cátedra de Derecho Económico y Empresarial, consideró que las cuentas que los usuarios de las redes abren "son públicas porque cualquiera puede tener acceso, especialmente en Twitter, si el usuario escribe con la modalidad abierta".

Tomeo mencionó el caso de un juez que en Santa Fe, ante una demanda por acoso en la red social y ante la ausencia de una legislación específica, "equiparó los contenidos del mundo virtual con los del mundo real y falló de acuerdo a las normas de derecho común".

Para Ariel Vercelli, investigador del CONICET y experto en tecnologías, "las cuentas que se abren en las redes sociales son privadas y cada uno tiene derecho a escribir lo que crea conveniente. Las propias empresas proveedoras de estas redes son las que se encargan de aplicar sutiles formas de censura en los mensajes de los usuarios".

En este sentido, mencionó una disposición de Twitter que en enero pasado anunció que eliminaría aquellos mensajes que van en contra de la política interna de los países a los que pertenecen los usuarios.

"En vez de habilitar las instancias judiciales internacionales, Twitter se arrogó la potestad de diseñar un sistema donde evalúa administrativamente qué va y qué no va dentro de la red social", destacó Vercelli.

El especialista remarcó que esto es ni más ni menos que "permitir la gestión de la censura a nivel nacional e internacional" y añadió que los usuarios de las redes "deben saber que no son totalmente libres de escribir lo que quieran ya que están siendo monitoreados por esas empresas".

"Ahora las formas de censura no son brutas o grotescas, sino silenciosas, sofisticadas, inteligentes y sutiles", dijo Vercelli, quien destacó que la red de microblogging alcanzó su popularidad cuando fue utilizada como instrumento contra la censura en países como Irán o Egipto.

Por esa razón, para el investigador no hacen falta leyes o normativas que regulen las redes sociales en la Argentina ya que "las propias empresas crean su paquete jurídico para monitorear o limitar los mensajes de los usuarios".

Por su parte, Tomeo explicó que "ante la falta de normativas, otra opción para los que se sienten injuriados por lo que, por ejemplo, exprese un grupo en Facebook, es dar aviso a la empresa para que elimine a ese grupo".

"Con esta acción se deja a criterio de la propia empresa considerar o no agraviante un contenido expresado en su red social", dijo Tomeo, quien recordó que en países como Estados Unidos e Europa "ya existen normativas específicas para estos casos".

Otro punto que es necesario regular es el llamado "derecho al olvido", un punto que ya está en debate en muchos países, dijo Tomeo.

El especialista explicó que "como internet actúa como un espejo en el que todo queda guardado y almacenado por años, una persona no puede borrar alguna fotografía o video que le recuerde algo que no quiere hacer público, por lo que puede perder trabajos del mundo real al tener una dudosa reputación virtual".

"Es necesario buscar una normativa que regule a los buscadores de Internet", dijo Tomeo, quien informó que en la Argentina ya existen proyectos de ley sobre este tema, como el del entonces diputado Jorge Capitanich en 2006, pero ninguno alcanzó a debatirse.