Los recientes y continuos ataques cibernéticos a instituciones de todo el mundo está llevando a muchos países a repensar una estrategia de protección más global y segura.
Canberra. El Gobierno de Australia presentó el miércoles leyes para luchar contra los delitos cibernéticos tras la reciente oleada de ciberataques contra compañías multinacionales e instituciones, desde Google al Fondo Monetario Internacional y el Senado de Estados Unidos.
El ciberdelito es una creciente amenaza para particulares, negocios y gobiernos, dijo el fiscal general Robert McClelland, con intentos casi diarios de pirateos informáticos en el país desde el extranjero.
"La creciente ciberamenaza significa que ningún país en solitario puede superar de forma eficaz este problema y la cooperación internacional es esencial", dijo McClelland.
Las leyes, una vez que sean aprobadas por el Parlamento, darán a la policía y las agencias de inteligencia australianas capacidad para obligar a las compañías de telecomunicaciones a mantener información sensible que normalmente era almacenada sólo brevemente antes de ser destruida.
También pretenden reforzar la cooperación con las agencias que luchan contra los ciberdelitos en el extranjero, dando a la policía y a las agencias de seguridad un mejor acceso a la información almacenada en el extranjero cuando investigan delitos cometidos localmente utilizando internet.
"Australia debe tener acuerdos apropiados tanto nacional como internacionalmente para estar en la mejor posición posible para luchar contra el cibercrimen y las amenazas a la ciberseguridad", dijo McClelland.
Australia ya está desarrollando una estrategia de ciberdefensa para luchar contra el 'hacking' y el espionaje electrónico, incluyendo la creciente amenaza planteada por ciberataques patrocinados por el estado. El anteproyecto de la estrategia estará preparado el próximo año.
El país ha experimentado una oleada de ataques contra más de 4.000 negocios, incluyendo ataques de hackers desde el extranjero que hicieron caer las redes de computadoras en el Parlamento nacional.
McClelland dijo que los actuales proyectos de leyes sobre ciberdelitos crean el marco legislativo necesario para que Australia se una al único tratado internacional vinculante sobre el problema: la Convención sobre Cibercrimen del Consejo de Europa.
Eso ampliaría la cooperación internacional y ayudaría a las autoridades de un país a reunir datos en una jurisdicción extranjera, así como establecer una red de emergencia para proporcionar ayuda inmediata a los investigadores mundialmente.
Más de 40 países han firmado o se han convertido en parte de la Convención, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón y Sudáfrica.
