Se espera un acuerdo con las compañías para que estas reutilicen los productos desechados en nuevas fabricaciones.
El gobierno de Brasil convocó hoy a los fabricantes y comerciantes de electrodomésticos y de otros productos electrónicos a una negociación en la que será definida la forma en que esas empresas tendrán que recoger los productos que sean desechados por los consumidores, la llamada basura electrónica.
La convocatoria fue hecha por el Ministerio de Medio Ambiente brasileño mediante un edicto que establece un plazo de 120 días para que las empresas presenten sus propuestas para un acuerdo sectorial, informó el Ministerio en un comunicado.
El edicto prevé la aprobación de un sistema de logística, que sea viable técnica y económicamente, para la retirada del mercado o del medio ambiente de los productos electrónicos y sus componentes que sean desechados.
La negociación será conducida por las asociaciones que representan a los diferentes sectores de la cadena productiva del segmento, incluyendo fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores.
El Gobierno espera que el acuerdo resultante defina los detalles operacionales para la retirada de la basura electrónica y las características de los locales a los que serán destinados los residuos, incluyendo la cantidad, la localización y los responsables por los puestos de colecta.
La retirada adecuada de la basura electrónica generará grandes beneficios para la sociedad, aseguró la analista ambiental Sabrina Andrade, de la Secretaría de Recursos Hídricos y Ambiente Urbano del Ministerio, citada en el comunicado.
"Por contener elementos tóxicos en su composición, como metales pesados, ese tipo de residuo, cada vez más presente en el cotidiano, representa un riesgo a la salud pública y al medio ambiente al ser descartado de forma indebida", aseguró Andrade.
Según el edicto del Ministerio de Medio Ambiente, el acuerdo sectorial resultante tendrá que prever la obligatoriedad para que las empresas den "un destino ambientalmente adecuado a los residuos sólidos mediante su reutilización, reciclaje, recuperación y otras formas de aprovechamiento en todo el territorio nacional".
El acuerdo también tendrá que establecer la "responsabilidad compartida" de las diferentes empresas de la cadena productiva por el ciclo de vida de los productos.