El país produce aproximadamente 130.000 toneladas de basura tecnológica al año. El volumen de este tipo de residuos aumenta de 3% al 5% cada año, casi tres veces más que cualquier otro desecho.
“De una tonelada de teléfonos celulares en desuso se pueden recuperar 280 gramos de oro, 1.700 gramos de plata, 180.000 gramos de cobre y otros elementos como hierro, aluminio, zinc y estaño”. Con estas palabras, el ministro de ambiente y desarrollo sostenible, Luis Gilberto Murillo, anunciaba, el pasado 6 de junio, la puesta en marcha de la Política sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
Este proyecto, que pretende ser un marco legal y jurídico para controlar el creciente fenómeno de la basura tecnológica, tiene como propósito reglamentar la disposición final de los aparatos eléctricos y electrónicos que hayan superado su vida útil y así evitar que los compuestos tóxicos que contienen se liberen y afecten la salud humana o contaminen el ecosistema.
Esta pregunta sobre el destino de computadores, televisores, celulares, impresoras, neveras, lavadoras, equipos de sonido, bombillas, videojuegos y el resto de electrodomésticos que ya no usamos en casa fue uno de los ejes de discusión en el Cuarto Foro Nacional de Gobernanza de Internet, que se realizó ayer en la Universidad del Rosario de Bogotá.
El panel de TICs y medio ambiente, liderado el periodista Mauricio Jaramillo, contó con la participación de Andrea López, especialista en gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos y representante del MinAmbiente; Fernando Bedoya, director ejecutivo de Computadores para Educar, y Luis Enrique Mejía, director de proyectos Corporación Colombia Digital.
Durante el debate se reconoció que en Colombia la basura tecnológica está alcanzando niveles históricos y se puso de precedente que el tema está superando la discusión pública sobre su reutilización y que hay un desconocimiento generalizado en torno a las prácticas cotidianas que los usuarios de tecnología deben adoptar para no poner en peligro su integridad y la de su entorno.
Los panelistas revelaron que el país genera aproximadamente 130.000 toneladas de basura eléctrica y electrónica al año, y que el volumen de este tipo de residuos aumentó de 3% al 5% cada año, casi tres veces más que cualquier otro desecho, creciendo 19% entre 2012 y 2015.
Según Andrea López, la nueva política del MinAmbiente se basa en el principio de responsabilidad extendida del fabricante de aparatos y herramientas eléctricas y electrónicas. “La idea es generar mecanismos administrativos y regulatorios para hacer seguimiento, vigilancia y control, y obligar a las empresas productoras y comercializadoras de celulares o neveras o cualquier electrodoméstico a hacerse responsable de sus productos hasta el final de su ciclo de vida, incluyendo cuando se convierten en residuos o en desechos”.
Sin embargo, el usuario de productos tecnológicos también tiene cierta responsabilidad en el manejo adecuado de estos desechos. Poco a poco los ciudadanos deben ser más conscientes de que cambiar de equipos con mucha frecuencia está generando un problema serio de contaminación y por eso romper el ciclo, propio de la sociedad de consumo, que obliga a comprar, usar y botar lo más rápido posible, es un aporte significativo a la salud pública y al medio ambiente.
“Lo que buscamos desde el Ministerio es que los consumidores busquen alternativas para reutilizar los equipos electrónicos, teniendo en cuenta que muchos de ellos aún son funcionales y pueden ser utilizados por otros usuarios si se entregan o donan”, anunció en su momento el ministro Murillo.
En esa vía se ha desarrollado la gestión de Computadores para Educar, un programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que busca entregar a estudiantes y docentes de los diferentes municipios del país herramientas TIC para transformar la forma de enseñar y aprender en las aulas.
“Hemos emprendido una estrategia de responsabilidad social ambiental a través de la retoma de equipos de cómputo obsoletos”, asegura Bedoya. El año pasado más de 1.300 colegios quedaron libres de basura electrónica y el programa procesó adecuadamente casi 500 toneladas de residuos tecnológicos.
Con este proyecto, realizado a través del Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos (Cenare), se ha evitado la emisión de más de 14.000 toneladas de CO2 y la exposición de las personas y animales a compuestos nocivos como partículas de plomo, mercurio y cadmio, altamente peligrosos para la salud humana y para el ambiente.
Por otra parte, Enrique Mejía hizo énfasis en las posibilidades económicas y en los beneficios para la industria nacional que podría generar un adecuado manejo de los residuos eléctricos y electrónicos. “China compra el 50% de estos desechos, los procesa y los reutiliza en nuevas formas de tecnología, ¿por qué no podemos hacer esto en Colombia?".
Lo ideal, entonces, es que los usuarios, cuando vayan a comprar un nuevo dispositivo eléctronico, no tiren a la basura el antiguo, sino que lo lleven y lo entreguen a cualquier punto de recolección para que ahí comience todo el proceso de reciclaje y reuso. Actualmente, la mayoría de almacenes de cadena cuenta con contenedores especiales para recoger estos residuos y así reducir los riesgos de salud y a contaminación del medio ambiente.
