Cuatro operadores piden al Gobierno la suspensión del proceso por el corto tiempo para analizar las condiciones de participación. Claro, el actor dominante del mercado, rechazó la petición de sus competidores. Por lo pronto, el proceso sigue con su cronograma.
Una auténtica tormenta política, corporativa y mediática estalló este viernes en la mañana al interior del sector de las comunicaciones, envolviendo a dos de sus principales protagonistas: los operadores Une y Claro. El telón de fondo, que implica también a entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la Agencia Nacional de Espectro (ANE) y el Congreso, es la intención del Gobierno de entregar 225 megahertz (MHz) de espectro radioeléctrico para masificar la tecnología LTE (conocida como 4G), que permite una mayor velocidad de navegación en internet.
Se trata de un proceso que no ha sido para nada tranquilo. La presencia de Claro, el operador dominante en el país (según cifras oficiales, cubre el 61,9% del mercado y el 85% del tráfico de datos), ha despertado fuertes diferencias entre los participantes del proceso que han generado tres posiciones claras: que el espectro se entregue a quien ofrezca más dinero por él, que se establezcan garantías para que un nuevo jugador entre al sector y se fomente la competencia, y dejar a Claro por fuera del proceso. Todos estos escenarios están siendo analizados por Diego Molano, ministro de las TIC, quien tomará la decisión final.
El primer trueno de esta tormenta se produjo a primera hora de hoy: al escritorio de Molano llegaron cinco cartas pidiendo postergar la sesión de comentarios al pliego preliminar de condiciones para el proceso. Cuatro de ellas estaban firmadas por altos directivos del sector (Gonzalo Molina, gerente de Telefónica de Pereira; Saturia Esguerra, apoderada de Avantel; Ariel Pontón, CEO de Movistar; y Marc Eichmann, presidente de Une), y la restante por los senadores Juan Mario Laserna, del Partido Conservador, y Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, quienes, en su iniciativa por impedir que la dominancia de Claro derive en un monopolio, le hicieron un fuerte cuestionamiento al Gobierno después de que éste aplazara el debate que sobre el tema debía realizarse la próxima semana en el Congreso: “Creemos inadecuado el afán con el que el Ministerio TIC está desarrollando la licitación 4G”.
Todas las misivas consideraron que el tiempo entre la publicación del documento preliminar (el pasado 15 de agosto) y la sesión de comentarios, no sólo había sido muy corto sino que limitaba la libre formulación de preguntas, inquietudes, críticas y propuestas al proceso. Pero la suya fue una petición no acogida, pues el evento arrancó a las 10:30 a.m., tal como estaba programado. Se trató de una intervención en la que abundaron los conceptos técnicos que resaltaron la importancia de la tecnología LTE para el futuro del país, la cual, según cálculos de Ericsson, le permitirá a los colombianos pasar de una velocidad de navegación de 70 megabits por segundo (Mbps) a 250 Mbps.
Pero también se presentaron nuevas propuestas: DirecTV, quien desde el inicio del proceso ha manifestado su interés de convertirse en el nuevo operador móvil del país, pidió que se permita pagar una parte de la concesión a través del despliegue de redes de infraestructura para ampliar el rango de cobertura en todo el territorio. “Es la misma fórmula que se empleó en la licitación de operadores móviles de 2004”, manifestó Natalia Iregui, gerente de Relaciones Institucionales de la compañía.
El punto álgido se produjo con la intervención de Juan Carlos Archila, presidente de Claro, quien rechazó la petición de sus competidores: “Postergar la entrega sería favorecer los intereses particulares del actual mercado de LTE en el país”, aseguró, haciendo una clara referencia a Une, el único operador en contar con ese servicio en Colombia. Asimismo, reivindicó el derecho de su empresa a pujar por una nueva porción de espectro: “No permitirnos participar de este proceso implica ir en contra del artículo 75 de la Constitución Política y del artículo 17.4 del TLC firmado con EE.UU.”.
Por lo pronto, el proceso seguirá con su cronograma, que estipula la publicación del escenario definitivo en la primera semana de septiembre. Sin embargo, no se descartan nuevos pronunciamientos de parte de todos los interesados en contar con nuevo espectro, los mismos que consideran que es de suma urgencia tener más tiempo para que todos los sectores puedan conocer cada detalle y se pronuncien sobre una licitación decisiva para el futuro de las telecomunicaciones en el país.
