La disputa entre Avantel, Tigo y Movistar por el acceso a redes contrarias ha hecho que la OCDE y Washington consulten al gobierno.

En los días previos a su partida a Barcelona, para participar en el Congreso Mundial de Movilidad, el más grande de su tipo en el mundo, dos requerimientos inquietantes llegaron al despacho de Diego Molano Vega, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El primero estaba dirigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el conocido grupo de países de “buenas prácticas” al que Colombia hace fila para entrar; el segundo, por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Ambos preguntaban por los intereses del gobierno, representados en participaciones en Telefónica, Tigo y ETB, en la industria de telefonía móvil y cómo podían afectar el plan de negocios de Avantel, el nuevo jugador en el mercado de servicios 4G.

Esa inquietud se volvió un tema de pasillo en las conferencias de Barcelona, porque se convierte en un obstáculo sensible para las inversiones a mediano plazo en una industria que, según estimaciones del Departamento Nacional de Planeación, aportó $29,5 billones (US$14.396 millones) para expandirse entre 1994 y 2011.

Y nace ésta en la férrea disputa que Avantel ha emprendido contra sus competidores, traducida en una investigación liderada por el Ministerio. Su origen se rastrea hasta junio de 2013 con el negocio más importante de la industria: la subasta de 4G, la asignación de espectro radioeléctrico para implementar en el país servicios de alta velocidad de internet inalámbrico, que le dejó al Estado ingresos por más de $770.500 millones (US$376 millones) y permitió que seis firmas se unieran a Une en la prestación de servicios con esta novedosa tecnología.

Como el nuevo mercado se inclinaba a favor de los tres operadores móviles ya instalados en el país (Claro, Movistar y Tigo), el gobierno, a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, les impuso la obligación de brindarles roaming (acceso a sus redes propias) a los nuevos actores, en este caso Avantel y DirecTV.

Pero hoy, siete meses después, ese requisito no se ha cumplido. “Desde agosto del año pasado les solicitamos por escrito el acceso a roaming, con miras a lanzar nuestra oferta de servicios 4G en enero de 2014, pero ya estamos en marzo y no contamos con él”, asegura Jorge Palacio, presidente de Avantel, quien expone algunas de las razones argumentadas por su competencia para negarles el acceso: “Dicen que no hemos querido firmar el acceso a roaming internacional que tienen con operadores internacionales. Pero lo que necesitamos es el nacional”.

Otra dificultad ha sido el aspecto técnico: los operadores les ofrecen el acceso a sus propias redes, pero no pueden garantizar el regreso a la de origen. Por todo esto, y por haber lanzado servicios sin haber garantizado el roaming (obligación consignada en la Ley 449 de 2013), Avantel presentó en diciembre una queja ante el Ministerio que derivó en investigación contra sus competidores; y aunque ellos, a su vez, demandaron a la primera por obstaculizar la comericalización de servicios, la CRC les recordó la obligación de garantizar primero el acceso a sus redes a los nuevos operadores.

Según Avantel, cada mes sin prestar el servicio le implica pérdidas de US$500.000 sólo por costos de licencia (pagó por ella US$57 millones) y que ha perdido contratos sensibles con empresas (su nicho de mercado). De ahí que acudieran, además de las instancias nacionales, a Washington (su principal accionista es el fondo Discovery Global, con sede en Boston).

Frente a la disputa legal, el ministro Molano le dijo a El Espectador que “la CRC ya dio la orden, dijo cómo tenía que garantizarse el acceso y a qué precios. Y, además, puso un perito técnico para que haga el acompañamiento y certifique el cumplimiento de la ley. El Ministerio está trabajando en ese proceso y en las próximas semanas tomará una decisión definitiva. Ahora, nos sorprende que Avantel se haya tomado tanto tiempo en solicitar la intervención de la CRC, porque, en este caso, la regla aplica para todos”.

Aunque fue imposible obtener un pronunciamiento oficial de Asomóvil, gremio que cubre a los tres principales operadores móviles y afectados en esta disputa, una fuente cercana a uno de ellos aseguró que su departamento jurídico está estudiando el caso y que están dispuestos a otorgar el roaming donde quien lo solicite no cuente con infraestructura instalada.