La medida, que aún deberá ser sometida al Senado, se articula en torno a dos ejes fundamentales: la preservación de la privacidad de los usuarios y la neutralidad de internet.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para regular internet en el que se detallan tanto los derechos y deberes de los usuarios, como el de los proveedores que ofrecen acceso y servicios en internet.

La medida, que aún deberá ser sometida al Senado, se articula en torno a dos ejes fundamentales: la preservación de la privacidad de los usuarios y la neutralidad de internet.

"Hoy en día necesitamos de la ley para proteger la esencia de internet, la cual está amenazada por prácticas de mercado y hasta de los gobiernos", afirmó el relator del proyecto, el diputado Alessandro Molon, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

El proyecto de ley, conocido como "Marco Civil", tomó fuerza en Brasil tras el escándalo provocado por las denuncias de espionaje del exanalista de la CIA Edward Snowden.

Según documentos revelados por el exanalista, los servicios secretos estadounidenses espiaron las comunicaciones electrónicas y telefónicas de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y sus principales asesores, así como de la petrolera estatal Petrobras.

Entre los principales puntos de la propuesta aprobada  se encuentra la garantía del derecho a la privacidad de los usuarios, especialmente en lo que atañe a la inviolabilidad y al sigilo de las comunicaciones en internet.

En esta dirección, el proyecto de ley define que los proveedores de acceso a internet estarán obligados a guardar los registros de las horas de acceso y el fin de conexión de los usuarios por un plazo de seis meses y bajo un control.

Asimismo, especifica que está desautorizado el registro de las páginas y contenido al que acceden los internautas y añade que el uso y el almacenamiento de los datos personales por parte de las empresas sólo podrá llevarse a cabo en el momento en el que esté especificado en el contrato y no vetado por la legislación.

Por lo que respecta a la neutralidad, el texto señala que las compañías no podrán limitar el acceso de los usuarios a determinados contenidos o cobrar precios diferentes para cada tipo de servicio prestado.

Para poder aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados, el Gobierno tuvo que revisar algunos aspectos del texto inicial, cuestionados por la oposición y algunos partidos de la base aliada.

De esta forma, se eliminó la propuesta inicial planteada por el Gobierno de obligar a las empresas que ofrecen acceso y servicios en internet a almacenar sus datos en Brasil.