A casi nueve meses de haber iniciado este proceso, que arrancó el 5 de julio del 2011, hay más de 3,7 millones de líneas móviles en prepago que aún deben cumplir con el empadronamiento.

Omar Parrales tiene tres líneas celulares que las mantiene a base de recargas. Meses atrás, cuando escuchó del inicio del proceso de empadronamiento de los equipos móviles, decidió registrar el que más usa. Pero ‘por descuido’, afirma, no ha procedido a empadronar los otros dos.

Como ha escuchado que se restringirán ciertos servicios a las líneas que no estén empadronadas, Parrales espera, “aunque sea a última hora”, enviar sus datos a la operadora para mantener en actividad sus terminales celulares.

A casi nueve meses de haber iniciado este proceso, que arrancó el 5 de julio del 2011, hay más de 3,7 millones de líneas móviles en prepago que aún deben cumplir con el empadronamiento y que si no lo hacen verán limitados sus servicios a partir del 5 de abril. Otras 9,03 millones ya están registradas, según datos de las telefónicas privadas.

El empadronamiento de los equipos es un proceso que empezó con la consigna de que las operadoras, tras verificar la información personal enviada por los abonados, vinculen esos datos con el número telefónico, el número de IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) y con el número de SIM.

Con ello se pretende evitar que los teléfonos robados sean activados nuevamente.

Eso, les parece acertado a Roberto Solórzano y Caterine Estévez, usuarios de prepago, quienes consideran que la medida podría ayudar a reducir los robos. Pero ellos aún tienen pendiente el registro.

La resolución que emitió el Consejo Nacional de Telecomunicaciones determina que quienes no cumplan con el empadronamiento hasta abril, tres meses antes de que se cumpla el primer año del proceso, tendrán suspendidas por tres meses las llamadas salientes. En otras palabras, solo podrán recibir llamadas, pero no hacerlas ni enviar SMS. Y si hasta el 5 de julio no se han empadronado, se procederá a la suspensión definitiva de la línea.

Durante los últimos meses, las operadoras han intensificado sus campañas para empadronar a los abonados a través de varios mecanismos. Así, informan del proceso en sus páginas de internet y sus call centers. Además, los abonados pueden enviar un mensaje SMS gratis (al 4545) para proporcionar sus números de cédula. No obstante, el porcentaje registrado varía en las operadoras.

En el caso de Claro, la compañía que concentra la mayor participación del mercado, el porcentaje de clientes empadronados llega al 61,8%, mientras que los no empadronados alcanzan el 38,2% hasta el 11 de marzo. Eso implica que unos 5,56 millones de abonados prepago han registrado sus datos, pero otros 3,43 millones no lo han concretado.

Por otro lado, Movistar tiene un mayor margen de empadronados. Datos de la telefónica indican que hasta el momento han empadronado más de 3,47 millones de usuarios, que representa el 92% de sus clientes prepago. Es decir que unos 312.656 (8%) no lo han hecho.

La empresa, asegura, que aspira a que todos sus usuarios se registren, “pues el empadronamiento aporta a su propia seguridad”.

En cambio, la estatal CNT Alegro, que ocupa el tercer lugar en participación de mercado, con menos de 300 mil líneas, tenía 102.609 líneas empadronadas hasta noviembre, según la Supertel.

367.238 equipos robados hasta enero. Hasta el 15 de enero pasado, la cifra de teléfonos móviles robados en Ecuador llegó a 367.238, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.

De la información que maneja la entidad se desprende que del total de terminales móviles robadas, 224.293 corresponden a la operadora Claro. Mientras que 135.723 equipos hurtados eran de Movistar y 7.222 de la estatal CNT-Alegro.

La entidad refiere que con el fin de realizar un control efectivo a la activación de los teléfonos robados mantienen una conexión en línea con los reportes de las operadoras.

A la par, desde el Comité de Comercio Exterior también se busca exigir un registro a las importaciones de celulares para evitar que entren equipos robados.

Roberto Aspiazu, de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, afirma que los teléfonos robados no llegan por aduana, sino que se trata de un tráfico ilegal, sobre todo de frontera.