Áspero se ha vuelto el debate en Chile sobre la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones, organismo que fiscalizará y sancionará a las empresas que operan en un sector que está creciendo de forma explosiva, debido al inicio de la Portabilidad Numérica y a la entrada en escena de los llamados Operadores Móviles Virtuales (OMV). 

 

El proyecto de ley en cuestión crea una Superintendencia de Telecomunicaciones como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya competencia básica será la fiscalización del cumplimiento de la normativa sectorial y, en caso de incumplimiento, imponer sanciones administrativas. También formará parte de las competencias básicas de la Superintendencia la participación en el otorgamiento y terminación de las autorizaciones para entrar al mercado de las telecomunicaciones.

 

Pese a que la comunidad mira con buenos ojos la medida, las empresas tradicionales ven esta nueva institucionalidad con "miedo", según han planteado en las instancias legales a las que han sido invitadas para vertir sus opiniones. Y claro, pues esta Superintendencia aún no es realidad en Chile y sólo está en etapa de discusión en el Congreso, donde eso sí, avanza rápido su trámite legislativo.

 

El jefe de fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel), Jorge Molina, dijo en una comisión del Congreso chileno que estudia esta iniciativa que “a nivel de América no hay más de tres o cuatro países que no tienen superintendencia de telecomunicaciones. Esta es una regulación que debió haber llegado hace diez años y estamos recién adecuándonos a lo que pasa en el mundo. Tener una superintendencia de telecomunicaciones focalizada en la protección de los derechos de los usuarios es un asunto muy relevante”.

 

Asimismo, recalcó que “la superintendencia es parte de una estrategia global del sector de telecomunicaciones que tiene que ver con el cambio de régimen concesional y la reformulación de la Subsecretaría, que es lo que va a quedar una vez que las funciones de fiscalización y concesiones pasen a la superintendencia”.

 

Molina advirtió que “a las empresas del sector les asusta el hecho de tener una superintendencia con un grupo de profesionales muy capacitados porque van a estar mejor fiscalizados y más obligados a cumplir la normativa, lo que es bueno para los usuarios. También les asusta el hecho que las multas suban y queden al mismo nivel de otras superintendencias”.

 

En la misma instancia, el gerente legal de la empresa de telecomunicaciones chilena Entel, Cristián Maturana, hizo una serie de juicios críticos sobre la reforma legal y formuló algunas proposiciones para modificarla.

 

Entre otros aspectos, el abogado dijo que las competencias interpretativas que tendrá la Superintendencia de Telecomunicaciones se superponen con aquellas radicadas en la Subsecretaría; que el futuro Superintendente tendrá potestades sancionatorias que resultan excesivamente discrecionales, que se impone a los operadores el financiar auditorías que son de competencia de la Superintendencia; que el Superintendente está sometido a un insuficiente régimen de inhabilidades e incompatibilidades; y no se contemplan mecanismos alternativos de resolución de los conflictos entre operadores.

 

En tanto, los parlamentarios de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados chilena que han escuchado los argumentos de los diferentes actores del sector, se han declarado conformes con los alegatos, pese a que en general las empresas han expresado más bien externalidades negativas al proyecto de Ley. 

 

“Hemos ido avanzando, se han escuchado buenas exposiciones (...) Hemos acordado que la próxima semana vamos a votar en general el proyecto, de manera que a la vuelta de la semana distrital podamos abocarnos a la discusión en particular y ver las indicaciones correspondientes, para tenerlo despachado en el mes de abril”, dijo el diputado Ignacio Urrutia, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).

 

Por su parte, el presidente de la Comisión, el diputado Ramón Farías del liberal Partido por la Democracia (PPD), consideró necesaria la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones y por ello anticipó que votará favorablemente la idea de legislar, pero planteó algunas dudas sobre la caducidad de las concesiones.

 

“El proyecto establece la aplicación de multas, pero a nuestro juicio debe procederse a la caducidad de la concesión después de una cantidad de infracciones determinadas. Por otra parte, aquí no solamente hablamos de las grandes empresas como Entel o Telefónica, sino también de radios comunitarias, entonces aplicar una multa de 1.000 UTM (US$81.500) a una radio comunitaria es mandar a sus responsables a la cárcel. Creo que es necesario solucionar eso”, apuntó el parlamentario.

 

En un anterior reportaje de AETecno, titulado "Chile: Los avances, críticas y desafíos del programa tecnológico de Sebastián Piñera", María Cristina Betancour, directora del Centro de Investigación en Gestión Empresarial (CIGE) de la Universidad Mayor, planteó sus dudas sobre la necesidad real de esta nueva institucionalidad. 

 

“Es difícil poner mayores restricciones en un sector que está funcionando adecuadamente, por lo menos en innovación y desarrollo (...) No me queda tan claro que se necesite efectivamente”, dijo Betancour.

 

Sin embargo, Alejandro Barros, investigador del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, discrepó con ella y planteó que la actual Subsecretaría de Telecomunicaciones no puede tener al mismo tiempo el rol de promotor de la industria y de regulador de la misma, como es hasta hoy. “Eso determina un comportamiento esquizofrénico”, aseguró, indicando que una Superintendencia es necesaria y que es una buena propuesta del presidente Sebastián Piñera.

 

Más allá de estas visiones encontradas, lo cierto es que el proyecto de Ley que pretende crear esta Superintendencia de Telecomunicaciones ya pasó la primera fase del debate en el Congreso chileno, por lo que se espera que antes que termine el periodo del actual gobierno 

AETecno