La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) buscará convencer a los senadores de las ventajas de mantener el mercado abierto, a la hora de contratar software.

La Cámara de Diputados aprobó el 19 de diciembre un proyecto de ley que da preferencia al software libre y obliga a los centros educativos a enseñar esa herramienta. Para los empresarios del sector, uno de los más pujantes de la economía y donde la desocupación es cero, el software libre es una opción más –a veces la mejor, a veces no–, por lo que comenzaron a buscar información técnica para respaldar su propuesta en la cámara alta, donde el proyecto será tratado en 2013.

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) no da por perdida la batalla y buscará convencer a los senadores de las ventajas de mantener el mercado abierto a la hora de contratar software.

El presidente de la gremial empresarial, Pablo Salomón, dijo a El Observador que se está en un proceso de recabar información técnica para que los senadores tomen la mejor decisión. Aclaró que la CUTI no está en contra del software libre, que ya utilizan el Estado y empresas particulares, pero “la discusión” es por la preferencia que se busca establecer a favor de ese tipo de licencia.

Para el empresario, de mantenerse la decisión de Diputados, el principal perjudicado será el Estado, pensando que contrata soluciones que tal vez no sean las mejores ni las más económicas. También, según supo El Observador, desde la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) se plantearon objeciones técnicas al proyecto que avanza en el Parlamento.

Posiciones

En un comunicado, la CUTI afirmó que el proyecto que llegó al Senado es “extremadamente perjudicial para la industria y el país” por dar preferencia a un licenciamiento. En el texto se afirma que cuando se habla de software libre, no significa que la solución sea gratis. En general, el costo de una solución tecnológica está compuesto por el licenciamiento, el entrenamiento de técnicos, la instalación, el soporte y una cantidad de adaptaciones o personalizaciones que se tengan que hacer para su puesta en marcha”.

Los empresarios también alertaron que el camino elegido agravará aun más el problema que hoy tiene el sector que es la falta de recursos humanos. Salomón explicó que el software libre “no es sin fines de lucro” y generalmente detrás, si bien puede haber algunos voluntarios, hay empresas que invierten mucho dinero en desarrollarlos y expandirlos en busca de ganancias.

Para la CUTI también es contraproducente que las instituciones educativas públicas formen a sus educandos únicamente en la utilización de software libre, como lo establece el proyecto que aprobó Diputados. Salomón opinó que “las instituciones educativas siempre tienen que educar de la mejor forma posible a sus estudiantes en el conocimiento de plataformas según las necesidades del mercado”.

La cámara empresarial afirmó que está “seriamente preocupada” ante la eventualidad de la aprobación del proyecto que a su entender afectará a miles de trabajadores y cientos de empresas.

En el Parlamento, cuando los legisladores convocaron a los expertos a informarse, José Clastornik, director de la Agesic, explicó, según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador, que “la administración central, en los últimos dos años, promovió una política de neutralidad tecnológica. Consideramos que el Estado debe ser amplio para recibir ofertas y no limitar las propuestas de los potenciales proveedores. En realidad, entendemos que la apertura a múltiples modelos de negocios, a soluciones y tecnologías, favorece la economía del Estado y las posibilidades tecnológicas”.

“En general, la regulación no se establece para inhibir, sino para no generar barreras y permitir que todos los proveedores puedan participar”, concluyó Clastornik. En el gobierno anterior, la expresidenta de ANTEL, María Simon, fue una fuerte impulsora del software libre en esa empresa estatal y su expansión al resto de las unidades públicas.