María de los Ángeles Duarte, ministra de Inclusión Económica y Social de Ecuador, rechaza cualquier intento de calificar como asistencialista a la actual política social del gobierno.

María de los Ángeles Duarte, ministra de Inclusión Económica y Social, conversó con AméricaEconomía, y rechazó cualquier intento de calificar como asistencialista a la actual política social del gobierno.

Según dice, en el Ejecutivo existe un concepto claro de lo que es responsabilidad social. Por ello, se depuró la lista de beneficiarios del bono “aunque las madres me van a quemar llantas afuera”.

-¿Desde el gobierno, qué se entiende por responsabilidad social?
Es invertir recursos en el área social en una magnitud que por lo menos nos lleve a acercarnos a la media de inversión en América Latina. Hemos incrementado nuestro presupuesto en salud, vivienda, educación y, obviamente, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); hemos creado un Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) que busca apoyar la productividad de los pequeñitos.

-¿Cómo han evolucionado, entonces, los montos de inversión social?
La inversión se ha incrementado en un 47,5% desde el 2007. En el 2006 se invirtieron US$2.182 millones; en el 2007 (El gobierno de Rafael Correa se posesionó en enero), se elevó la cifra a 2.807 millones, y en el 2008, a 3.219 millones. Actualmente, el 31% del presupuesto del gobierno central se destina al área social.

-¿Encuentra el gobierno alguna diferencia entre responsabilidad social y asistencia social?
Sí. Asistencia social es lo que hacía el anterior Ministerio de Bienestar Social; se entregaba el bono de desarrollo humano a las mujeres sin haber hecho una buena clasificación de quiénes realmente estaban en extrema pobreza y sin exigirles nada a cambio. Ahora tenemos programas de corresponsabilidad muy estrictos; si la madre no lleva a sus niños a los centros de salud o no los envía a la escuela, se le retira el bono. Además, la mujer que recibe el bono puede ponerlo como garantía para un préstamo.

-¿Qué se hizo exactamente para que el bono dejara de ser asistencialista?
El censo para depurar la lista de beneficiarios del bono tomó un año y se hizo en base a 30 variables socio-económicas; entre éstas estuvo el acceso al agua, las vías de acceso, las condiciones de la vivienda, la escolaridad y edad del jefe de hogar. Todas esas variables tuvieron una puntuación y se calificó a la familia de cero a 100. Después de varios meses de análisis, se decidió que la línea que iba a identificar la pobreza que necesita aporte del Estado estaba en 36,5 puntos;entonces, las familias que obtuvieron de 36,5 puntos para abajo, mantuvieron el bono. A las otras, se les retiró.

-¿Y cómo se modificaron las cifras de beneficiarios?
Del millón de familias que recibían el bono, unas 160.000 pasaron los 36,5 puntos; es una cifra que está aún depurándose. Cuando se creó el bono, la pobreza extrema bordeaba el 50% y el Estado atendía al 80% de esa población; ahora, esa pobreza es del 38,8% y hemos podido atender al 100% de los hogares en esta condición. Por ello, pese a la depuración, el número de hogares beneficiarios pasó de un millón a un millón 200 mil; entonces, estamos atendiendo a 400 mil familias nuevas.

-¿Dónde está concentrada esa pobreza extrema?
En el campo, en la Sierra centro, en las zonas marginales de las grandes ciudades, básicamente Guayaquil, Machala y Huaquillas. Además de este grupo, hay dos más que reciben el bono: los pobres con discapacidades y los adultos mayores de 65 años que son pobres; son más de 400.000. Sumando, hay 1.642.000 beneficiarios del bono.

-El bono no fue creado ni implementado por este gobierno; ¿habrá algún aporte particular a este programa?
Los programas son similares en toda la región, los crea el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, no es que el programa lo inventó alguien; así funciona y cada país lo adapta a su realidad.

-¿Pero qué enfoque le dará este gobierno?
Estamos procurando darle a la población las condiciones para salir de esa pobreza. El bono les va a dar la posibilidad de sobrevivir mientras, por ejemplo, logramos que los municipios lleven agua potable a todos los recintos y cantones.

-¿Parte de ese nuevo enfoque es la inclusión de hombres en la lista de beneficiarios?
Cuando se empezó a aplicar el censo, a veces llegaban los encuestadores al hogar y la madre estaba trabajando fuera, había muerto o abandonado el hogar o no tenía cédula. El bono, entonces, tenía que titularizarse a nombre de alguien y se pedía, en orden de prelación, la presencia de una hija mayor de 18 años; sino había, de un hijo mayor de 18 años y sino, pues, el cónyuge. Los casos no llegan al 5% del total de beneficiarios.

-Se criticó esta situación por el riesgo de que la entrega del bono se politice…
Después de todo el análisis que le he hecho, usted cree que es posible decir: a usted, porque votó por Correa le voy dar el bono. No. En todo caso, estamos pidiéndoles a los varones que titularicen a su esposa o a la jefa de hogar en un plazo determinado; si no lo hacen perderán el bono.

-¿El bono es el programa estrella del gobierno en cuanto a responsabilidad social?
El tema va muchísimo más allá. Este es un programa que invierte ingentes recursos, pero no es el programa estrella del gobierno.

-¿Cuál o cuáles son?
Todos son importantísimos. El programa de inclusión económica a través del IEPS para apoyar a la pequeña actividad productiva. Está también la atención a los niños: invertimos US$135 millones anuales a través del Innfa (Instituto Nacional del Niño y la Familia) en los centros de desarrollo infantil; son 500.000 niños en el país. Otro grupo excluido son los adultos mayores: vamos a inaugurar, el próximo año, el Instituto de Investigaciones Gerontológicas; además, hacemos encuestas para conocer la calidad de vida de los ancianos. En este sector, invertimos unos 8 millones al año. En alianza con la Vicepresidencia de la República, estamos construyendo 11 casas de acogida para discapacitados en abandono; se trata de unos US$12 millones.

-¿Existen programas para grupos vulnerables que no han sido tomados en cuenta?
Estamos ayudando a las personas en pobreza extrema
con enfermedades catastróficas costosas; se ha atendido a alrededor de 3.500 personas. Estamos haciendo implantes de cóclea en niños sordos y se
está creando una política de no violencia de género.

-¿Son temas que se trabajan desde la reelección del presidente Rafael Correa?
Se estaban trabajando desde el inicio del gobierno, pero a partir de la reelección se ha hecho con mucha más fuerza, con metas y con tiempos.

-¿Cuáles son las metas más importantes?
Reducir la malnutrición de los niños en un 8% hasta el 2010; en este momento, está en el 23%. Erradicar la mendicidad infantil y atender, hasta el 2010, a 47.000 familias en extrema pobreza para lograr su inclusión económica.

-¿Cuál es el límite de la responsabilidad social para no caer en el asistencialismo y convertir al Estado en el responsable de solucionar todos los problemas?
Bueno, el límite es la voluntad política; buscamos la productividad. Si es necesario parar la minería ilegal, lo hacemos; si es necesario no entregarle 100 millones a un movimiento indígena para traer agua de una acequia, no se lo hace, con todo lo que eso implica. Eso es responsabilidad social; asistencialismo es: tengan, tengan, no hagan paro. Nuestro interés no es ser la monedita de oro que todos quieren sino hacer las cosas como se deben.

-¿Desde el gobierno existe la intención de motivar o persuadir a las empresas para que implementen programas de responsabilidad social?
Estamos trabajando. La responsabilidad social consiste en pagar con honradez los tributos; tenemos leyes que terminaron con la tercerización. Estamos exigiendo que a todos los empleados, incluso a las domésticas, se les pague el sueldo básico y todos los beneficios; y que se tome en cuenta a las personas con discapacidades.