La resolución aprobada este jueves por la Eurocámara no corresponde a una medida obligatoria para el gigante de internet.

La Unión Europea (UE) está aumentado su presión sobre Google en varios frentes clave que apuntan directamente al corazón del modelo de negocio del gigante estadounidense, lo que alimenta el cruce de declaraciones y las denuncias de presiones políticas.

En apenas una semana, Google ha visto cómo los eurodiputados han pedido a la Comisión Europea que estudie dividir sus negocios y cómo el grupo de expertos comunitario sobre privacidad le exige que aplique el espinoso derecho al olvido más allá de sus dominios europeos.

La resolución aprobada hoy por la Eurocámara aboga por disociar la actividad de los motores de búsqueda de otros "servicios comerciales", texto que no es vinculante, pero que supone un mensaje político claro a la Comisión Europea para que vaya más allá en su investigación sobre Google.

"Pedimos a la Comisión que considere la solución de dividir (los negocios), no es una obligación, pero queremos que analice esto de manera seria", explicó a Efe el eurodiputado alemán Andreas Schwab, del Partido Popular Europeo (PPE), grupo responsable de la iniciativa junto a los Socialistas y Demócratas.

"Google sólo va a moverse bajo amenaza de división o de una multa", dijo a Efe el diputado de Convergencia Ramón Tremosa, quien recalcó la necesidad de que la Comisión resuelva cuanto antes una investigación que dura ya casi cinco años.

Francia y Alemania se han dirigido hoy también a la Comisión Europea para pedirle que abra una consulta pública sobre el marco regulador y las normas europeas de competencia aplicables a las "plataformas digitales" como Google, Amazon, Facebook o Apple.

Ante el debate generado en los últimos días, la Comisión Europea pide espacio y margen para proseguir su investigación antimonopolística.

"Es importante recordar que para la aplicación de las normas sobre competitividad, los casos individuales deben mantenerse independientes de las políticas", indicó tras el voto el portavoz de la CE Ricardo Cardoso.

Desde la industria, fuentes cercanas al caso denunciaron el pasado lunes a Efe que "hay un proceso político en marcha para poner presión a la Comisión Europea" e influir en el resultado de su investigación.

"Estamos presionando legítimamente", defendió Tremosa, "para presión política, las llamadas desde el otro lado del Atlántico que hemos estado recibiendo en el Parlamento Europeo amenazando con que el tratado de libre comercio transatlántico (TTIP) podría verse afectado", añadió.