Entre otros puntos, el ACTA promueve la fijación en las legislaciones nacionales de nuevas sanciones penales contra los proveedores y usuarios de internet que no observen la legalidad de todos los contenidos que suban, guarden o descarguen.

Santiago. La Comisión Europea (CE), rechazó de forma definitiva el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), la iniciativa internacional que proponía un control más estricto en internet por parte de los estados, para prevenir la violación de contenidos protegidos con Derecho de Autor.

Con esta decisión, la aplicación del Acuerdo, que para entrar en funcionamiento necesita ser ratificado por al menos seis de los países que lo negociaron, no podrá volver a ponerse en consideración en la UE.

El ACTA ya había sido rechazada de forma rotunda por el Parlamento Europeo el pasado 4 de julio, con argumentos que iban desde su concepción en negociaciones a puertas cerradas entre los Estados, hasta la criminalización de los ciudadanos por compartir contenidos protegidos con copyright, teniendo en cuenta las masivas protestas que la norma desencadenó en la población comunitaria.

Esa votación había sido precedida por el rechazo del Acuerdo por parte de las cuatro comisiones parlamentarias en las que había sido tratado, entre la que estaba la de Comercio Internacional, una de las más importantes en cuento al establecimiento de nuevas legislaciones y cuestiones comerciales hacia afuera y dentro del bloque.

"Me agrada que la Comisión se haya dado cuenta de que este es el final del camino para ACTA en la Unión Europea gracias al Parlamento", sostuvo el representante parlamentario de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas David Martín en declaraciones a ZDNet.

Entre otros puntos, el ACTA promueve la fijación en las legislaciones nacionales de nuevas sanciones penales contra los proveedores y usuarios de internet que no observen la legalidad de todos los contenidos que suban, guarden o descarguen.

Para entrar en vigor, el Acuerdo tiene que ser ratificado por al menos seis de las partes que lo negociaron a lo largo de distintas reuniones, la última de las cuales fue la Sexta Ronda de Seúl 2009.

Sin embargo, hasta el momento el único signatario es Japón.