La medida propone que los proveedores de Internet y de telefonía conserven los registros de las llamadas y de los correos electrónicos de sus clientes para que las fuerzas de seguridad puedan requerirlos.

El gobierno británico ingresará el próximo lunes en el Parlamento un proyecto de emergencia para seguir vigilando las llamadas telefónicas y las comunicaciones en Internet.

La iniciativa de los conservadores, que contaría con el apoyo de laboristas y liberales, despertó las alarmas en los defensores de los derechos civiles, quienes la consideraron una amenaza a la privacidad.

La medida propone que los proveedores de Internet y de telefonía conserven los registros de las llamadas y de los correos electrónicos de sus clientes para que las fuerzas de seguridad puedan requerirlos.

El primer ministro, David Cameron, justificó el tratamiento por la vía rápida del proyecto en la necesidad de combatir el terrorismo y el delito organizado.

"A menos que actuemos ahora, las compañías ya no van a retener datos sobre quién contactó a quien, dónde y cuándo. Y ya no podremos utilizar la información para llevar ante la Justicia a los criminales y mantener seguro el país", sostuvo el premier, según un cable de la agencia EFE.

Aunque el gobierno también quiere tratar rápido al proyecto ante la posibilidad de que las proveedoras comiencen a borrar los datos almacenados de sus usuarios por temor a problemas legales con la Justicia europea.

En abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró ilegal una directriz comunitaria con la que se obligaba a las prestadoras de telecomunicaciones a almacenar la información durante un periodo de doce meses.

Según los jueces del TJUE esta directriz, que se introdujo tras los atentados de 2005 en Londres, permitía la recolección de datos personales para una gama tan amplia de efectos que iban más allá de los delitos graves y el terrorismo, por lo que equivalía a una "severa incursión" en la privacidad de las personas, según informó The Guardian.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles rechazaron la iniciativa, al coincidir en la amenaza que representa para la privacidad de las personas.

Para Shami Chakrabarti, directora del grupo "Liberty", el proyecto está destinado a "espiar a todos" y no sólo a los sospechosos de actividades terroristas, según reprodujo EFE.

En la misma línea se expresó el "Open Rights Group", para quien el gobierno conservador utiliza la amenaza terrorista para sacar adelante una "ley de emergencia" que "infringe nuestro derecho a la privacidad".