Un juez estadounidense exigió al gigante de internet facilitar toda la información disponible (como listas de contactos o contenidos de mensajes enviados y eliminado) de tres destacados empleados del portal.

La empresa estadounidense de servicios de internet Google facilitó al Gobierno de su país el contenido de los correos electrónicos y otra información privada de varios miembros de WikiLeaks, según denunció hoy el portal fundado por Julian Assange.

Documentos difundidos por WikiLeaks, a los que ha tenido acceso Efe, muestran la existencia de tres órdenes judiciales emitidas el 22 de marzo de 2012 por el juez estadounidense John F. Anderson en las que pide a Google la entrega, antes del 5 de abril de ese año, de toda la información disponible relativa a tres destacados empleados del portal.

Estos tres periodistas asociados desde 2010 a WikiLeaks son Joseph Farrell, que trabaja con Assange en la embajada de Ecuador en Londres -donde el informático australiano está refugiado desde el 19 de junio de 2012-, la directora de investigaciones Sarah Harrison y el portavoz Kristinn Hfransson.

De acuerdo con el portal, estas tres personas solo fueron informadas por Google de que había entregado su información -listas de contactos, contenidos de mensajes enviados y eliminados o datos de los computadores- el 23 de diciembre de 2014, con el argumento de que la empresa había estado sujeta al secreto de sumario.

WikiLeaks considera que la emisión de las órdenes se enmarca en la investigación que efectúa desde 2010 la Justicia estadounidense del portal de divulgación de secretos gubernamentales y de Assange, al que acusa de espionaje.

También subraya que la empresa de internet se prestó a la petición de las autoridades sin cuestionarla, lo que sienta un precedente perjudicial para la profesión periodística y para otros usuarios de Google.

El director del equipo legal de Assange, el exjuez español Baltasar Garzón, prevé mostrar las tres órdenes judiciales contra los periodistas de WikiLeaks en una rueda de prensa en Ginebra el 26 de enero, después de que Suecia responda al informe realizado por la ONU sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Al revisar el caso de Suecia, la ONU, que hace informes periódicos de todos los países miembros, tuvo en cuenta varias quejas de organizaciones internacionales sobre el trato que ha recibido Assange.

Assange fue detenido en Londres el 7 de diciembre de 2010 a petición del Estado sueco, que le reclama para interrogarle por presuntos delitos sexuales que él niega y de los que no ha sido acusado formalmente.

Tras perder en el Reino Unido su batalla legal contra la extradición, el australiano, que durante el proceso estuvo bajo arresto domiciliario en Inglaterra, se refugió en junio de 2012 en la embajada de Ecuador, que después le concedió asilo político.

Sin embargo, Assange no ha podido viajar al país latinoamericano porque las autoridades británicas, que vigilan la embajada las 24 horas, le han negado un salvoconducto diplomático.

El informático de 43 años cree que si es entregado a Suecia, este país podría extraditarle a Estados Unidos, donde teme que no tendría un juicio justo y afrontaría la pena de muerte.

Estados Unidos investiga a WikiLeaks desde que en 2010 reveló vídeos de abusos de las tropas estadounidenses en Afganistán e Irak, así como miles de cables diplomáticos que pusieron en evidencia al Gobierno de ese y otros países del mundo.

Tras más de cuatro años de encierro, el caso de Assange podría tomar un giro en el futuro después de que el 18 de julio de 2014 se enmendase en el Reino Unido la ley de extradición, de modo que ahora no se podrá extraditar a personas que no hayan sido acusadas formalmente de cargos, lo que es su caso.