La audiencia deberá determinar la responsabilidad del buscador en la información que arroja en sus búsquedas y si es posible juzgarlo por la leyes de la Unión Europea.

Google batalló el martes con la Agencia Española de Protección de Datos ante el máximo tribunal europeo, en un caso simbólico con implicaciones globales que plantea una de las cuestiones más espinosas de la era de internet: ¿cuándo es una información realmente privada?

El asunto ante el Tribunal Europeo de Justicia se ha reducido a esta difícil pregunta: si una persona no paga sus contribuciones a la Seguridad Social y su casa es subastada como consecuencia, ¿tiene derecho a pedir a Google que borre de los resultados de búsqueda dicha información dañina?

Tras de sí yace un complejo argumento sobre la libertad de información, el derecho a la protección de datos, lo que supone ser un editor y quién vigila en última instancia la web.

Google alega que la compañía no debería eliminar contenido legal que ellos no crearon de su masivo índice de búsquedas.

La agencia española considera que Google debería borrar la información de su índice, donde se vulnera la privacidad individual.

Tras la audiencia del martes en Luxemburgo, un abogado de la corte publicará una opinión sobre el tema el 25 de junio. Se espera que los jueces emitan un fallo para fin de año.

El caso se basa en la queja que presentó un español que realizó una búsqueda en Google usando su nombre y descubrió el anuncio en un diario de unos años atrás diciendo que una propiedad que poseyó salía a subasta por no pagar la seguridad social.

La Audiencia Nacional, uno de los principales tribunales españoles, mantuvo su reclamación y determinó que Google debería borrar la información de sus resultados. El caso fue remitido al Tribunal Europeo de Justicia en marzo de 2012 después de que Google recurriera la decisión.

¿Controlar o almacenar?

Google dijo el martes en una entrada de blog que hay "claras razones societarias por las que esta clase de información debe estar disponible públicamente".

El anuncio de subasta de la propiedad dentro de un proceso legal estaba "requerido por la ley española e incluye información correcta que está disponible al público en la página web del periódico", afirmó William Echikson, director de libertad de expresión en Google para Europa, Oriente Medio y África.

Los que están en contra de que se borren los datos argumentan que si Google lo hace creará un terreno resbaladizo en el que todo tipo de datos se supriman por razones espúreas, y esencialmente convertiría a Google en la parte responsable.

El tribunal europeo tratará de determinar si Google puede ser considerado el que "controla" o simplemente el que almacena la información. También debe analizar si un buscador administrado por una compañía con sede en California, como Google, puede estar sujeto a la ley de privacidad de la Unión Europea.

El regulador español de datos ha dicho que los jueces de la UE deben considerar si los ciudadanos del bloque tienen que ir a tribunales de Estados Unidos para ejercer su derecho a la intimidad y si Google "es responsable del daño que la difusión de información personal puede causar a los ciudadanos".

La audiencia también pondrá a prueba un borrador de una norma europea que pretende reforzar la privacidad de los ciudadanos. Las normas propuestas por la Comisión Europea en 2012 están siendo debatidas por el Parlamento Europeo que daría a las personas "el derecho al olvido", es decir, el derecho a que se borren sus datos personales, en particular de internet.

La propuesta ha provocado fuertes críticas de expertos de la industria que dicen que el contenido en internet podría ser manipulado en detrimento de la libertad de expresión si un principio de estas características estuviera consagrado en la ley europea.

España remitió el caso al tribunal europeo para determinar si el borrador de la ley de la UE debería aplicarse, en concreto en relación a Google. Dijo que el resultado de la vista sería relevante no sólo en España sino en toda la UE.

La Agencia Española de Protección de Datos dijo que casi 200 veredictos en casos similares habían sido recurridos en la Audiencia Nacional.