Ciudad de México. La inauguración del nuevo Museo Soumaya, donde se exhibe la colección privada de Carlos Slim, convocó a cerca de medio centenar de fotógrafos y reporteros. Entre los embajadores, empresarios y miembros del jet set, éstos buscaban afanosamente conseguir la foto de la noche: la del anfitrión con un escurridizo Emilio Azcárraga.

 

Semanas antes que Slim demostrara su poder de convocatoria anunciando la gratuidad de su museo, Grupo Carso, que aglutina a todas sus empresas, anunció que retiraba la publicidad a Televisa. Tres días después haría lo propio con la otra cadena nacional, TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa celular Iusacell. Slim lo acusó de haberle condicionado la venta de publicidad a cambio de renegociar las tarifas de interconexión telefónica.

 

El conflicto escaló luego a los diarios, donde Grupo Carso pagó diversos desplegados con frases como “las televisoras confunden la libertad de expresión con la libertad de presión”. Televisa y TV Azteca replicaron por la misma vía: “Tenemos servicios caros y deficientes dado que Telmex-Telcel evaden cumplir la ley”, dice el desplegado firmado por todas sus filiales de cable y telefonía (aunque no de televisión abierta).

 

Y fueron más allá, acusando a los anteriores secretarios de comunicaciones y transportes de haberse doblegado ante Telmex-Telcel: “La COFETEL les recomendó iniciar 17 procedimientos de sanción contra el Monopolio –apenas en los últimos cuatro años– y no hicieron nada”. 

 

Y como palabras sacan palabras, Telmex contraatacó denunciando que Bestel, la filial de telecomunicaciones de Televisa, obtuvo una licitación a sobreprecio y no habría cumplido con ella.

 

Cargas de profundidad. Hubo un tiempo no tan lejano en que la telefonía y la televisión eran feudos aparte. Ambas crecieron a la sombra del PRI, que durante décadas arbitró discretamente los pleitos corporativos y los límites de influencia entre los grandes conglomerados del país. Pero en los últimos cinco años se ha dado un escenario donde Carlos Slim y Emilio Azcárraga (y Salinas Pliego) quieren lo que tiene el otro.

 

El 3 de octubre de 2006 el gobierno mexicano emitió la ley de convergencia. En ella se estipulaban los requisitos que cada empresa debía tener para contar con el permiso de dar triple play (voz, banda ancha y televisión), servicio que hoy entrega Televisa a través de Yoo y TV Azteca, vía TotalPlay.

 

“A Telmex le impusieron tres condiciones: interoperabilidad, portabilidad e interconexión”, dice su director, Héctor Slim, quien asegura que los tres requisitos están cumplidos, pero aun así no se les autoriza a dar triple play.

 

El escenario actual, más allá de unos ataques a través de los medios, es el de una judicialización total, con una serie de denuncias recíprocas ante la Comisión Federal de Competencia (COFECO), cuatro en contra de Televisa, Televisión Azteca, Cablevisión, Megacable, Cablemas, Televisión Internacional y Yoo “por la comisión de prácticas monopólicas absolutas y relativas”. Entre ellas se acusa a Televisa y TV Azteca “de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de publicidad de televisión abierta, por tratar de sacar del mercado de la telefonía a Telmex”.

 

Por su parte, el bloque televisivo demandó a Telcel por ejercer prácticas monopólicas y fijar tarifas de interconexión que impiden la competencia. Dicha denuncia también fue dirigida en contra de la española Telefónica (Movistar), que en México dirige el ex secretario de Hacienda del gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz.

 

“Esta disputa se debe a que Televisa no quiere competencia; si ha crecido es por su capacidad de acaparamiento”, dice el especialista en medios Raúl Trejo Delarbre, recordando lo sucedido con Grupo Saba. La cadena de farmacias (que recientemente adquiriera a Casa Fasa de Chile) intentó introducir la tercera cadena nacional de televisión en México de la mano de Telemundo.

 

Televisa y TV Azteca reaccionaron con una contundente ofensiva a través de sus noticieros y revistas, acusándolos de acaparamiento de medicinas para elevar los precios. Saba resistió menos de una semana antes de capitular.

 

El Estado mira. La postura del gobierno en el conflicto es, cuanto menos, curiosa. Mony de Swan, titular de la Comisión Federal de Comunicaciones, declinó toda responsabilidad a través de su cuenta Twitter y en una entrevista otorgada a El Semanario. “No tenemos facultad alguna para establecer el precio de la interconexión. Es un asunto entre particulares, como la publicidad”, dijo.

 

Sin embargo, para el Dr. Javier Esteinou Madrid, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, el gobierno sí tiene partido tomado. “A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nuevamente ha apostado a Televisa como empresa, por los pactos que ya tiene establecidos en términos de que maneje de manera adecuada la imagen del gobierno de Felipe Calderón”, dice. Pero no sólo eso: Esteinou agrega que parte de este pacto se debe también a que México está en un periodo preelectoral, y el Partido Acción Nacional (PAN) del presidente Calderón requiere del apoyo de los medios de comunicación.

 

Lo interesante del caso es que todos los involucrados son dominantes dentro de sus segmentos. Telmex-Telcel (América Móvil) tienen el 75% del mercado de telefonía mientras que Televisa y TVAzteca controlan el 93% de las cadenas de televisión abierta del país.

“Telmex tiene una participación importante del mercado de líneas porque llegamos a todos los segmentos del país. En zonas rurales sí tenemos el 100 %, pero porque nadie más invierte ahí”, dice Héctor Slim.

 

Y ésta es precisamente el arma de presión del Grupo Carso en su batalla contra las televisoras. Sintomáticamente decidió dividir Telmex y crear Telmex Social, cuyo propósito es “garantizar el servicio público de telecomunicaciones en el 46% del territorio nacional en el que no existe interés económico de ningún competidor y en el que Telmex ha hecho las inversiones y operado en condiciones de baja y en ocasiones de negativa rentabilidad”.

 

Los analistas ven en esto una jugada estratégica que va más allá de poner en evidencia a sus rivales y diferenciar en las bolsas los activos y pasivos. “Es una bomba atómica de efectos potencialmente devastadores para el país”, dice Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes. “Tanto como anunciar que se separará la carne del hueso, para llevarse el filete y dejarle el hueso al Estado”.

 

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Se sacarán estos pesos pesados los guantes de boxeo y firmarán la pipa de la paz, como sugiere la teoría de juegos? ¿Se aventurará el gobierno, en pleno año electoral, a una postura más activa en la mediación? ¿Quién es el que tiene más que perder si las hostilidades se prolongan?

 

Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, precisó en conferencia telefónica con analistas que los ingresos provenientes de Grupo Carso únicamente representan el 3,8% de las ventas en televisión abierta y menos del 1,5% del total de los ingresos consolidados de Grupo Televisa. Pero está claro que no es una cuestión de ingresos actuales. Una entrada de Telmex a su territorio sería algo así como bajar la guardia ante una división Panzer. La guerra es la guerra.