El fundador del sitio Megaupload quiere ir tras los discos duros con información personal que fueron extraídos de su domicilio.
La Fiscalía de Nueva Zelanda rechazó hoy ante el Tribunal Supremo la petición que Kim Dotcom, acusado por EE.UU. por supuesta piratería informática, realizó para reclamar la devolución de sus pertenencias confiscadas durante la operación policial en enero de 2012 en su residencia de Auckland.
En junio del año pasado, el Tribunal Superior de Nueva Zelanda declaró ilegal la orden de allanamiento policial realizada a la mansión de Dotcom, por considerar que eran demasiado amplias, así como la incautación de parte del material incautado al informático.
Durante el proceso judicial, que se retomó ayer tras meses de espera, la abogada del Estado, Kristy McDonald, dijo al Tribunal que aunque las órdenes hubieran estado perfectas, estas no hubieran supuesto una gran diferencia en la manera de como se realizó el allanamiento, según Radio New Zealand.
McDonald indicó que durante ese operativo en el que se detuvo a Dotcom y tres ejecutivos de Megaupload, e incluyó el cierre del portal, la confiscación de sus bienes y la congelación de cuentas, se le informó de los cargos de los que se le acusaba y el material que se iba a incautar.
Por lo tanto, aunque las órdenes tuvieran defectos de forma, Dotcom estuvo informado de lo que sucedía en ese lugar, aseguró McDonald, la tercera abogada que representa al Estado en este caso.
Los abogados de Dotcom aún no se han pronunciado durante esta vista, pero ellos reclaman la devolución de los discos duros, especialmente aquellos con información personal, agregó Radio New Zealand.
Dotcom y sus tres socios actualmente se encuentran en libertad condicional en Nueva Zelanda a la espera del inicio del juicio de extradición a EE.UU. previsto para agosto próximo, aunque se cree que este proceso puede aplazarse otra vez más debido a las complicaciones en el proceso.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Megaupload haber causado más de US$500 millones (382 millones de euros) en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor y obtener con ello unos beneficios de US$175 millones (134 millones de euros).