Conozca la ola de reacciones que está generando la incursión de la compañía en el país, lo cual ha derivado en importantes cambios regulatorios.

Era un secreto a voces desde hacía un tiempo. La aplicación Uber –que conecta a pasajeros en busca de transporte con conductores que brindan este servicio– estaba cerca de desembarcar en Uruguay. En las últimas semanas la empresa creó un perfil en la red social Twitter para su operativa uruguaya pero el golpe de gracia llegó el jueves: la compañía con sede en California anunció que estaba reclutando choferes en Montevideo.

De forma inmediata, los empresarios del taxi pusieron el grito en el cielo ante la llegada del joven competidor. El presidente de la Patronal Única del Taxi, Oscar Dourado, dijo el jueves a El Observador que "este es un tema que preocupa al gremio, al taxímetro pero que debe preocupar más al gobierno nacional, porque es conocido en el mundo el daño que esta aplicación ocasionó al transporte".

"Si no queremos pasar del transporte regulado y serio a ser cualquier cosa, no tienen que dejarlo penetrar", redobló.

El gobierno, de hecho, ya había movido sus fichas. Un artículo del proyecto de ley de Presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento a fines de agosto parece un traje hecho a medida para limitar a esa plataforma y a otra que ha generado la alarma de varios sectores de actividad en el país, Airbnb, que conecta a propietarios de inmuebles con personas que quieran arrendarlos.

En palabras del subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, el artículo (el 708 de acuerdo al texto aprobado por la Cámara de Representantes) tiene el objetivo de "evitar la competencia desleal" y fue diseñado para que "tributen aplicaciones tipo Uber o la de alquileres", en referencia a Airbnb.

Discrecional

Pero ahora otros actores están alertando que ese artículo, tal como está redactado, también los alcanzaría a ellos. En concreto, el texto sostiene que "todas las entidades, residentes o no, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros, por parte de personas físicas o jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad, serán solidariamente responsables por los tributos y las sanciones pecuniarias aplicables a éstas últimas".

Más adelante agrega que "lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación a las entidades no residentes, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de alojamiento turístico, por parte de personas físicas o jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad, así como en los servicios de arrendamiento de inmuebles".

Se aclara que esa intervención la podrán realizar –entre otros–quienes "suministren a los prestadores o a los usuarios datos de los servicios aludidos, a efectos de que una o ambas partes dispongan de información necesaria para acordar la prestación".

El socio responsable del área Tributaria y Contable del estudio Posadas, Posadas & Vecino, Daniel González, sostuvo que "desde el punto de vista teórico desestimula el uso de estos servicios pero desde el punto de vista práctico va a ser de muy difícil aplicación, y hay que ver cómo se reglamenta después".

Desde el mismo estudio, el abogado especializado en materia tributaria Guillermo Sena apuntó que pese a que se puede interpretar que la norma está diseñada para casos puntuales como el de Uber, "así como está planteada aplicaría a otra serie de situaciones de empresas y demás".

Cómo controlarlo

Ese es justamente el temor de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (Cedu). La gremial –que nuclea a más de 60 empresas del sector y cuyos comentarios se refieren al área de alojamiento turístico– entiende que si bien el artículo "tiene nombre y apellido", impactaría también en su actividad.

Su presidente, Marcelo Montado, dijo a El Observador que –más allá de que es un tema "bastante discutible" si se puede poner un freno a estos nuevos mecanismos de comercialización– la norma obliga a pagar un impuesto (al hacerlos responsables solidarios) por un "giro que no tiene nada que ver con la empresa". Además, añadió, "no tienen (el gobierno) cómo controlarlo".

Montado dijo que ese artículo, de llevarse adelante, "afecta el desarrollo de la economía digital en Uruguay". Asimismo, apuntó que muchos de esos portales que están operativos al día de hoy y que se verían afectados por esa novedad normativa "hacen que mucha gente venga a Uruguay".

El empresario agregó que, de no modificarse el artículo, muchos portales tendrían que cerrar. Esto, dijo, generaría que Uruguay como destino turístico tuviera menos visibilidad en los buscadores de internet. "Es un absurdo gigantesco", expresó.

Por este motivo, la semana pasada la gremial solicitó ser recibida por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, a la que concurrirán el 13 de noviembre.

El asesor jurídico de la Cedu, el socio director del estudio Vargas & Asociados, Fernando Vargas, manifestó que el cambio propuesto "atenta contra el desarrollo del comercio electrónico" en el país.

A su juicio, "abrieron tanto el abanico que van a agarrar a un montón de empresas que no tienen nada que ver con estos negocios" (en referencia a Uber y Airbnb).

Vargas hizo hincapié en que se responsabiliza por una actividad "que ellos no tienen y además no pueden controlar", puesto que en el caso de las plataformas de clasificados es imposible que sepan si la persona que publica allí su casa paga los impuestos correspondientes o no.

"¿Por qué los hacen responsables si ellos no intermedian en la negociación? Los harían responsables solidarios si yo como dueño de la casa no pago mis impuestos. Es una cosa totalmente disparatada", argumentó.

Mismas oportunidades

La gerenta de Comunicación de Uber para el Cono Sur, Soledad Lago Rodríguez, dijo que la empresa está "más que dispuesta" a entablar un diálogo con las autoridades acerca de los "beneficios" que Uber puede representar.

"Confiamos en que las autoridades decidan dar a los uruguayos acceso a las mismas oportunidades y servicios que ya existen en otras ciudades del mundo, así como lo han hecho con iniciativas basadas en modelos de negocios similares al de Uber", como PedidosYa o Mercado Libre, agregó en comunicación a través de correo electrónico con El Observador.