La controvertida norma que podría llevar a la cárcel a los internautas que compartan contenido con derechos de autor fue aprobada por primera vez en Latinoamérica. ¿Qué implica esto para los usuarios de la red en México y el resto del continente?

Desde hace un tiempo que han estado surgiendo iniciativas para detener la piratería en Internet. La ley SOPA y PIPA, que generaron gran activismo en su contra, son algunas de ellas. Hoy en día la que se encuentra vigente es el Acuerdo Comercial contra la Falsificación o más conocida como ACTA por sus siglas en inglés.

El ACTA es un acuerdo multilateral voluntario que propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual, con el propósito de evitar la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería en Internet. La piratería digital es el punto que ha generado mayor controversia por lo común que es para la ciudadanía compartir archivos mp3 y descargar películas o libros digitales en la red.

El acuerdo plantea crear instituciones internacionales que vigilen los derecho de autor en internet y que las proveedoras de internet tengan el derecho a entregar el IP de algún individuo que haya violado los derechos del Copyright. Con respecto al detrimento de las libertades de expresión, el ACTA señala, sin especificar demasiado que “las infracciones a la propiedad intelectual que se realicen en Internet deberán ser juzgadas de tal forma que se preserven los principios fundamentales tales como la libertad de expresión y la privacidad”. Con respecto a las penas, el texto afirma que éstas incluyen la posibilidad de imponer prisión y de infracciones monetarias.

Claudio Ruiz, presidente de la ONG Derechos Digitales, entidad chilena encargada de luchar contra la privación de derechos fundamentales en el entorno digital, diferencia el ACTA de otras iniciativas como SOPA o PIPA afirmando que estas dos últimas atendían solamente la piratería en internet, “atacando la libertad de expresión de forma absurda”. Además, el ACTA sería un acuerdo mucho más internacional de lo que eran SOPA o PIPA. En cuanto a sus similitudes, señaló que, “se parecen en la restrictiva visión sobre Internet y la propiedad intelectual de sus disposiciones”.

El acuerdo ha sido firmado por varios países quienes realizaron las reuniones y las negociaciones de forma secreta, lo que generó mayor inquietud entre sus opositores. El último en firmarlo fue México y en octubre del 2011 fue apoyado también por Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelandia, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea. Otros países tales como Polonia, República Checa, Eslovaquia y Rumania se han negado a fírmalo. El primer ministro de Polonia señaló que sólo firmará el acuerdo cuando se disipen las dudas sobre este. En Europa, aunque 22 países lo habían apoyado, éste no podía entrar en vigencia si no era aprobado antes por el Parlamento Europeo y este lo rechazó el pasado 4 de julio con 478 votos en contra y 165 abstenciones. Se consideró que el acuerdo podría tener un impacto negativo si permite espiar o censurar a los internautas así como penalizar a aquellos que no cumpla con la "legalidad" de todos los contenidos que suban, guarden o descarguen de la red. De esta forma le dieron su apoyo a los 2,5 millones de manifestantes europeos que firmaron una petición contra el ACTA a principios de año. Según los ciudadanos el ACTA iba a restringir duramente su libertad y permitir a funcionarios espiar sus actividades en línea.

Derechos Digitales concuerda con la opinión de todos aquellos manifestantes ya que afirma no encontrarle algún aspecto positivo al ACTA. “No existen aspectos positivos que podamos destacar del tratado, puesto que aborda los problemas de propiedad intelectual solamente desde la perspectiva de los dueños de derechos, descuidando el acceso al conocimiento y los intereses públicos involucrados”, indicó al respecto Ruiz.

Cabe decir que los sectores que apoyan el ACTA son principalmente los sindicatos de trabajadores de la industria de la música, cine y televisión, además de grandes organizaciones que dependen de la protección a la propiedad intelectual. Entre ellas Motion Picture Association of America y la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.

México a la caza

El ACTA en México no es nada nuevo. Hace dos años que se encuentra en el debate público, ya que la piratería en el país se ha tornado cada vez más intensa. Hasta hace poco, se pensaba que el tratado no sería aprobado, ya que el año pasado, el senado de aquel país emitió un dictamen en que instó al Poder Ejecutivo a no firmar el acuerdo. Como el periodo del actual senado finaliza pronto, y en septiembre comienza la nueva legislatura, las posibilidades de que la Cámara Alta lo firme son mayores. Quizás por eso el pasado miércoles el presidente de México, Felipe Calderón, ignoró lo dicho por el Congreso y aprobó el ACTA.

Los opositores no consideran que todo esté perdido ya que quedan muchos pasos para que el tratado se aplique en el país. Lo que sigue será el envío del tratado, por parte del Ejecutivo al nuevo senado. Luego se crearán comisiones para definir en qué rubros se aplicarán las sanciones así como también la forma en que se cumplirán los objetivos del tratado. Si el senado aprueba el ACTA este será enviado al Ejecutivo, pero podría ser un tratado muy diferente al que se conoce hoy en día. Así también lo considera Claudio Ruiz quien afirma que el ACTA es un tratado que obliga a los países a adoptar ciertas leyes internas pero que la implementación del tratado pueden darse con matices para cada país.

Por otro lado, para calmar a la agitada ciudadanía que se ha pronunciado en contra del ACTA a través de los medios sociales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) señaló que el ACTA no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en plataformas como internet, ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video.

“Para Latinoamérica que México haya tomado el primer paso para aprobar el ACTA no trae consecuencias en lo inmediato”, indica Ruiz, sin embargo, con el paso del tiempo esto podría significar “que los tratados internacionales que se hagan con México en estos temas deberán tener a ACTA como punto de partida”,