El oficialismo argumenta que propiciará una mejora del servicio y reducción de precios, pero los críticos advierten que los principales beneficiados serán las telcos.

La Cámara de Diputados argentina convirtió en ley el proyecto que regula el sector de las telecomunicaciones, abre la puerta a una mayor intervención estatal y permite que las empresas telefónicas brinden también servicios de internet y televisión por cable.

Tras un extenso debate parlamentario, la Cámara Baja aprobó de madrugada el proyecto "Argentina Digital" con 131 votos a favor y 97 en contra.

El oficialismo argumenta que la iniciativa, que reemplaza a una ley de 1972, propiciará una mejora del servicio y una reducción de precios, pero los críticos advierten que los principales beneficiados serán las firmas de telecomunicaciones, que hasta ahora no podían ofrecer televisión por cable.

"No hay acceso definitivo a la democratización si no hay acceso libre a las telecomunicaciones", dijo el diputado del Frente para la Victoria Mario Oporto, quien aseguró que estas son "de interés público" y "deben ser un derecho humano".

La nueva norma "protege a las pymes (pequeñas y medianas empresas), a las mutuales y a las cooperativas en condiciones de igualdad", agregó Oporto, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática.

El proyecto Argentina Digital establece que las empresas deben alquilar sus redes a precios fijados por el Estado, lo que permitirá a compañías que no tienen una amplia infraestructura ofrecer múltiples servicios.

Sin embargo, la oposición objetó que las nuevas reglas del juego favorecerán a los grandes actores del mercado.

La ley "conlleva la concentración y extranjerización de la comunicación audiovisual" y "no impide que las grandes multinacionales tiendan a avasallar a las pymes y cooperativas argentinas para eliminar la competencia", criticó el diputado radical Miguel Giubergia.

"Permite negocios millonarios para los amigos y se erige como juez y parte, por un lado, y como regulador y controlador de las reglas del juego de las telecomunicaciones, por el otro", añadió.

"En vez de defender los intereses de los usuarios y limitar las prácticas abusivas de las empresas, es una iniciativa pensada para garantizar y extender el negocio de las (compañías) telefónicas, consolidando aún más su posición dominante", opinó el diputado socialista Roy Cortina.

El proyecto contempla como un servicio público a la telefonía fija, lo que permite al Estado la regulación de las tarifas, pero no así a la telefonía móvil.