Nueve de los involucrados, rostros reconocidos del país, presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (fiscalía federal), además de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Varias organizaciones de activistas y periodistas de México denunciaron el lunes que 16 personas fueron espiadas por autoridades federales a través de un programa informático que se instaló en sus teléfonos inteligentes y que fue creado en Israel para combatir el terrorismo.

La prestigiosa reportera Carmen Aristegui, quien reveló en 2014 un escándalo en torno a una propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, así como Carlos Loret de Mola, estrella de los noticieros de la cadena Televisa, fueron algunas de las víctimas del espionaje.

Nueve de ellos presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (fiscalía federal), una de las autoridades del gobierno federal que supuestamente los espió, además de la Secretaría de la Defensa Nacional, que incluye al Ejército y la Fuerza Aérea.

"No me parece un asunto menor. Por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos, la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas (...) la impunidad que favorece que nada de esto se investigue, que nada de esto se castigue", dijo Loret en un mensaje por video.

El periodista, quien habría sido espiado por investigar el caso Tanhuato, sobre una supuesta ejecución extrajudicial por parte policías federales, dijo que esto ocurre en el contexto de una ola de crímenes contra periodistas.

Aristegui exhortó directamente al Presidente Enrique Peña Nieto a dar explicaciones.

"Qué tiene que decir el jefe del Estado mexicano si entendemos esto (...) como una operación de Estado, donde los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos, impuestos y dinero para cometer ilícitos graves", dijo.

Otras víctimas del espionaje fueron activistas que pugnaron por un nuevo sistema nacional contra la corrupción, así como abogados de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, uno de los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos.

El periódico The New York Times publicó este lunes que México gastó cerca de 80 millones de dólares en un programa de espionaje que se ofrece a gobiernos con la condición de que sea utilizado para combatir a grupos criminales.

Más de 75 mensajes de texto de cinco casos en total fueron documentados, según el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que investigó el espionaje.

Las organizaciones dijeron que también solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como ante otros organismos.

En respuesta, el vocero del Gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, publicó horas después una carta dirigida al editor de The New York Times para decir que: "no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo".

En el documento, firmado por el director general de medios internacionales de la presidencia de México, Daniel Millán, agregó: "condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho de la privacidad de cualquier persona".