La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores imputó a las empresas por presuntamente deslindarse de las responsabilidades frente a los usuarios y obligar a los clientes desistir ciertos derechos constitucionales irrenunciables.

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de Argentina imputó a las empresas de envío a domicilio Rappi, Glovo y PedidosYa por presuntas cláusulas abusivas en su contratación e información engañosa. A partir de entonces, las empresas tienen cinco días hábiles, improrrogables, para el descargo. Las multas por estas infracciones pueden llegar a los AR $5 millones (aproximadamente US$72.560).

Según la institución, “los términos y condiciones de las plataformas poseen cláusulas que resultarían abusivas ya que se deslindan de responsabilidades frente a las y los consumidores; asimismo, para acceder al servicio, se requiere que los clientes desistan de derechos que son irrenunciables y se encuentran garantizados constitucionalmente”.

En el caso de Rappi y Glovo, cuando el consumidor accede a la aplicación acepta contratar al trabajador del delivery, en vez de a la empresa prestataria del servicio -lo que se conoce como contrato de mandato, pero la información proporcionada no es suficientemente clara al respecto. De esta manera, “las compañías pretenden eludir todo tipo de responsabilidad por daños que pudieran ocasionarse en la relación de consumo”, afirma el comunicado del organismo.

“En el caso de Glovo, además, en los términos y condiciones se identificaron cláusulas en las que el consumidor renuncia al derecho a revocación, también conocido como de arrepentimiento, en productos no perecederos. Es decir, los consumidores no pueden devolver el producto si no están satisfechos con la compra”, añade.

El organismo argentino también reveló que para reclamar o realizar consignas respecto a los servicios de Glovo, los clientes deben acudir a los Tribunales de Barcelona o a la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio, cláusulas prohibidas por la legislación del país, ya que no se puede condicionar o limitar el acceso a la justicia al disponer una jurisdicción distinta al lugar del domicilio del consumidor.En el caso de PedidosYa, entre otras cláusulas, la subsecretaría detalla que “la firma se deslinda de la responsabilidad por cualquier error que pudiera contener la plataforma, y se reserva la posibilidad de dar de baja o rechazar a los usuarios sin expresar motivos que, por lo menos, justifiquen la medida. Asimismo, en sus términos y condiciones se hace referencia a otros instrumentos, pero luego no se especifica cuáles son, por lo que la información a las y los consumidores es confusa”.

“Este tipo de cláusulas en los términos y condiciones de contratación vulneran los derechos de las y los consumidores establecidos en la Ley 24.240, ya que la modalidad contractual establecida por las firmas implicaría una desnaturalización de sus obligaciones y limitaría su responsabilidad frente al consumidor por cualquier daño que se pudiera ocasionar durante el servicio que brindan. Esto las haría incurrir en infracción ya que no brindarían información cierta, clara y detallada respecto del servicio que efectivamente prestan”, agrega.

Consultado por AméricaEconomía respecto a la imputación, Glovo declaró que por el momento no tiene un pronunciamiento oficial de la marca sobre el tema.

Por el otro lado, Rappi respondió que "estamos analizando la notificación realizada por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores, para poder presentar el descargo de la compañía a las autoridades correspondientes."

Pedidos Ya no respondió a la solicitud de declaración de AméricaEconomía para el cierre de esta edición.

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