Controversia fue tema de conversación entre Ollanta Humala, José Luis Rodríguez Zapatero y el rey Juan Carlos durante la Cumbre Iberoamericana de Asunción.
Lima. El presidente ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones española Telefónica, César Alierta, dijo este miércoles que respetará la decisión del Estado peruano sobre la renovación de sus licencias de operación en el país sudamericano.
Alierta habló a periodistas luego de reunirse cerca de dos horas con el presidente Ollanta Humala, cuyo Gobierno mantiene además una disputa legal con la firma Telefónica por una supuesta deuda tributaria de US$850 millones.
"Le manifesté al presidente (Humala) que Telefónica, como no podía ser de otra manera, respeta totalmente las decisiones del Estado peruano, que es donde estamos operando, y siempre las respetaremos", afirmó el ejecutivo en el Palacio de Gobierno.
La licencia de Telefónica para operar telefonía móvil por 20 años en la capital de Perú, el mayor mercado del país, venció en mayo, y la empresa negocia con el Estado la renovación del contrato de concesión.
El tema de la renovación de la licencia de Telefónica, el mayor grupo del sector con operaciones en América Latina, ha surgido en momentos en que el Gobierno peruano busca cobrarle a la firma española una deuda de hasta 2.300 millones de soles (US$850 millones) por impuestos a la renta e intereses correspondientes al 2000 y al 2001.
La compañía, que domina el mercado local de telefonía fija y móvil desde 1994 cuando ingresó a Perú, ha dicho que tiene cómo acreditar que la deuda es mucho menor por las millonarias inversiones en el país deducibles del impuesto a la renta.
Telefónica afirma además que el organismo local recaudador de impuestos pretende que la filial de la compañía en Perú pague impuestos sobre cuentas de clientes no cobradas y que no reconoce gastos por pagos de intereses.
La controversia fue un tema de conversación entre Humala, el jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el rey Juan Carlos durante la Cumbre Iberoamericana en Asunción a fines de octubre, según informó el Gobierno peruano.
