Representantes de las empresas y de organismos industriales manifestaron la total disposición de la industria para colaborar con la justicia.

Diversas indefiniciones para aplicar el mandato de registro y control de metadatos de los usuarios de telefonía celular, convierten al mandato que se estableció en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para luchar contra la delincuencia en un arma de doble filo, donde está en juego el uso de información privada y “confidencial” de los consumidores.

Representantes de las empresas y de organismos industriales manifestaron la total disposición de la industria para colaborar con la justicia, pero reconocieron que la capacidad de respuesta técnica de los operadores rebasa por mucho de la reacción de los cuerpos de seguridad, observó Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Miguel Calderón, vicepresidente de Telefónica México, afirmó que las empresas sí tienen la capacidad para almacenar durante 12 meses la información que se pide, así como entregarla en tiempo real, y que en caso del prestador de servicios que representa “guardaremos los datos en casa, dado que se trata de información sensible de nuestros suscriptores, y no pueden estar en manos de terceros”, dijo.

Agregó que gracias a que el Congreso redujo la obligación de guardar los metadatos por 12 meses, es que se redujeron mucho los costos. Pero además deben guardar en otros medios durante un año adicional para entregarlos en un máximo de 24 horas.

Székely dijo que hasta el momento lo que ya se ha invertido en equipos es por alrededor de  US$4 millones, y que dependerá de cada empresa si utilizan o no los servicios de algún centro de datos.

Trabajadores disponibles

Dijo que más que los costos, el cumplimiento del mandato exige el despliegue de un ejército de recursos humanos capacitados para identificar y dar la información.

Dijo que los proveedores de servicios pedirán a las autoridades que haya resultados del esfuerzo que se va a realizar. “Estamos hablando con las autoridades para que haya mecanismos que ayuden a evaluar que todo lo que se pida a las empresas, y se proporcione la información.”

Aseguró que en la actualidad “el índice de éxito en el resultado de las investigaciones judiciales no llega a diez por ciento”.

Agregó que en el último año se ha disparado hasta en 40% las solicitudes de autoridades respecto de información de números celulares específicos.

Informó que ya se han conformado mesas de trabajo con el Coordinador Nacional Anti-secuestros, Renato Sales, para definir los mecanismos con los que se cumplirá la ley.

Sales ha hecho una defensa de la aplicación de mecanismos de geolocalización para actuar en tiempo real.

Gerardo González  Abarca, ex presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas (CIME), explicó que la complejidad y el costo del cumplimiento del mandato dependerá de que “tan tejida se quiera la malla”, es decir, de hasta donde se quiera llegar con el seguimiento de una llamada con otros números y si se quiere continuar el seguimiento con otras comunicaciones realizadas desde ésa a otras líneas.

En tal contexto y respecto de las dudas de quienes podrán solicitar a las empresas la información y quien se la pueda proporcionar, Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), explicó que se requiere de orden judicial, y que es un exceso pretender que se violan los derechos humanos y la privacidad.

Consideró que las autoridades sí podrán actuar en tiempo real, dado que existen juzgados especializados que trabajan las 24 horas.