El Poder Ejecutivo prevé espacios para repartir hasta tres canales privados comerciales más en la capital, dos comunitarios y otros dos públicos nuevos.

Santiago. Los empresarios que aspiren a una de las señales de TV digital que licitará el Estado uruguayo, deberán asegurar la participación de productoras independientes en sus contenidos, la inclusión de cuotas de programación nacional y la donación de minutos para, “campañas de bien público”, según señala el pliego de condiciones al que tuvo acceso el medio El Observador.

El Poder Ejecutivo prevé espacios para repartir hasta tres canales privados comerciales más en la capital, dos comunitarios y otros dos públicos nuevos.

En el escrito, que está en la órbita del Ministerio de Industria, se advierte que no se considerarán propuestas presentadas por, “sociedades irregulares o de hecho o en formación”, ni propuestas, “independientes de personas físicas y jurídicas que estén vinculadas entre sí, ya sea directa o indirectamente o a través de terceras empresas”. Además, cada socio o accionista deberá, “acreditar solvencia moral, capacidad económica y ser ciudadanos naturales o legales domiciliados permanentemente en la República y preferentemente en cualquiera de las localidades comprendidas en el área metropolitana de Montevideo”.

En cuanto al “proyecto comunicacional”, quienes se presenten tendrán que dejar clara la, “relación entre los objetivos de informar, educar y entretener” y la “grilla de programación en una semana tipo, definiendo horas de programación nacional y horas de programación extranjera, según género de los programas (informativos, periodísticos, educativos, documentales, ficción, otros)”.

Acerca de las “estrategias respecto a la programación nacional”, las empresas interesadas presentarán ante la URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación) los detalles de los siguientes componentes: “Estrategia de programas educativos, culturales, y dirigidos a audiencias infantiles; estrategia de la programación nacional de ficción y otros géneros de entretenimiento; compromiso con la actividad cinematográfica nacional y su difusión, programación de interés social; estrategia de producción propia y producción independiente en la programación nacional, indicando porcentajes de tipo de producción según género de los programas (informativos, periodísticos, educativos, documentales, ficción, otros)”.

Antecedentes.

Además, las empresas tienen que informar sobre la, “capacidad de movilización de recursos, propios o de terceros, para la realización de contenidos nacionales para emitir en la grilla de programación; la estrategia de internacionalización de la programación producida localmente y la estrategia en la programación extranjera”.

En ese sentido, el Estado evaluará varios componentes antes de dar a explotación las señales de TV digitales. Por caso, la “inclusión de diversidad de señales audiovisuales propias y servicios conexos e interactivos gratuitos; los compromisos de inclusión de producción audiovisual nacional y local propia; la participación de productores independientes y empresas nacionales de la industria audiovisual en la cadena de producción y difusión; la creación de empleos directos y cumplimiento de las garantías laborales; los compromisos en materia de pautas publicitarias y de atención a las personas con discapacidades visuales y auditivas, incluyendo el porcentaje de programación con contenido accesible mediante sub-titulado, lengua de señas y audio-descripción”.

Asimismo, serán medidos “los antecedentes como empresarios de la comunicación” y “ la viabilidad económica de ejecución de la propuesta”.
Como contraprestación, las empresas elegidas en la licitación deberán ceder 15 minutos diarios, no acumulables, para realizar campañas “de bien público” y promover “la producción de contenidos nacionales” y “la accesibilidad a personas con discapacidades visuales y auditivas a todos o parte de los servicios ofrecidos”.