El “telular” es un celular de base o de escritorio que se conecta a un teléfono convencional o a una central telefónica.

Las empresas Claro y Movistar fueron intimadas por la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación de Uruguay (Ursec) para que en un plazo de 90 días dejen de prestar el servicio de “telulares", con el que están violando el monopolio de la telefonía fija que tiene la estatal Antel.

En la resolución a la que tuvo acceso El Observador, el órgano fiscalizador de las telecomunicaciones le dio un plazo de 10 días a las multinacionales para que presenten el plan a través del cual desactivarán las cerca de 50 mil líneas de “telulares” que están utilizando entre ambas compañías. Otras cincuenta mil líneas son ofrecidas por Antel. El negocio total de los telulares y la tecnología denominada “E1” alcanza los US$40 millones anuales.

Para tomar la decisión, el directorio de la Ursec se basó en un informe del departamento jurídico en el que se da cuenta de que “en múltiples situaciones las modalidades de servicio (de Claro y Movistar) estarían vulnerando el alcance de las autorizaciones originalmente otorgadas a las empresas”.

El 9 de marzo El Observador informó acerca de una investigación realizada por la URSEC en zonas francas, call center, bancos y grandes empresas que  detectó que las telefónicas multinacionales están ofreciendo el servicio de telulares y de otro sistema –denominado en la jerga técnica como E1.

El “telular” es un celular de base o de escritorio que se conecta a un teléfono convencional o a una central telefónica. Ese teléfono desde el que se realizaban llamados a celulares, que luego facturaba ANTEL, se convierte, tras adicionarle el telular, en un celular de una empresa privada que cobra por ese servicio.

La investigación fue impulsada por el director blanco de la Ursec, Gustavo Delgado (Alianza Nacional) y, posteriormente, el senador blanco Jorge Larrañaga trasladó el asunto al ministro de Industria, Roberto Kreimerman.
Una vez enterado de esta situación, el sindicato de Antel organizó una marcha que culminó en la sede de la Ursec de la calle Uruguay y en la que se reclamó que se le sacaran a Claro y a Movistar las licencias de todos los servicios que presta en el país.

Tanto los sindicalistas como Larrañaga recordaron que Claro y Movistar ya fueron obligadas a desmantelar un entramado de fibra óptica que estaban usando en forma irregular para ofrecer servicios de celulares (ver apunte) y observaron que esas empresas también están interesadas en explotar el mercado de la televisión satelital.

“Si en materia de telefonía y de transmisión de datos actúan violando las licencias ¿qué cosas van a hacer en el campo de la televisión?”, se preguntó Larrañaga.

Puntos fijos.

La resolución de la Ursec con fecha del 18 de abril explica, con términos técnicos, cómo las multinacionales de la telecomunicación violan el monopolio del servicio de telefonía básica que tiene Antel. “(Claro y Movistar) están prestando servicios de telefonía en puntos fijos en el ámbito empresarial empleando a tales efectos equipos concentradores de múltiples tarjetas ‘sim’ interconectados con centralitas telefónicas privadas, los cuales transmiten y reciben en frecuencias atribuidas al servicio de telefonía móvil. De esta forma, comunicaciones realizadas desde un interno hacia el exterior del sitio se efectivizan empleando las frecuencias radioeléctricas correspondientes al sistema de comunicaciones móviles”, dice la resolución.

La Ursec advierte que “los radioenlaces punto a punto, directivos y bidireccionales autorizados en diversas bandas de frecuencias por encima 1 GHz son de uso interno del sistema de comunicaciones móviles (uso propio) por lo que no deben emplearse para la directa prestación de servicio alguno de telecomunicaciones”.

El organismo entiende que “desde el punto de vista estrictamente económico, considerado desde el lado de la oferta, una comunicación será móvil si existe la potencialidad de establecer dicha comunicación en movimiento o desde diferentes puntos geográficos y será fija en la medida que dicha comunicación no pueda realizarse en movimiento o desde diferentes puntos geográficos”.

De este modo llegan a la conclusión de que el servicio prestado por Claro y Movistar a través de “telulares” y de la tecnología E1 “vulneran el alcance de las autorizaciones originalmente otorgadas”. La decisión de la Ursec ya está en conocimiento del Poder Ejecutivo y de los jerarcas de Antel.

Las multinacionales y sus antecedentes

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que el plazo de 90 días que se le otorgó a Claro y Movistar para desmantelar los “telulares” puede ser extendido si las empresas demuestran que necesitan “algunos días más” para realizar la tarea. Pero advirtieron que la decisión de la Ursec no tiene marcha atrás.

Esta no es la primera vez que las telefónicas se enfrentan al Estado por prestar servicios para el que no están habilitadas. En febrero de 2012, la Ursec intimó a Claro a que dejara de prestar servicios de internet a sus clientes a través de fibra óptica. El organismo había realizado inspecciones en varias zonas de Montevideo y mediante fotografías pudo comprobar que la empresa mantenía este tipo de conexiones.

 El gobierno, a través de la Ursec y el Ministerio de Industria, consideró que las empresas privadas sólo tenían permiso para ofrecer internet por vía inalámbrica y que el monopolio del cableado era potestad de  ANTEL. En aquel entonces, Movistar aseguró que no prestaba el servicio, aunque reivindicó el derecho a hacerlo.

Mientras tanto, Claro admitió que l0 estaba usando aunque se negó a dar información al Estado, basándose en que el permiso del Poder Ejecutivo no excluye la transmisión terrestre de datos. Sin embargo, poco después la empresa fue obligada a dejar de usar la fibra óptica.