Además de la presión de los canales actuales, que resisten fuertemente el proceso del gobierno hacia la TV digital, también hay interesados en las nuevas frecuencias que pidieron más tiempo.

El gobierno de Uruguay volvió a aceptar un pedido de los actuales canales de televisión y ahora con un decreto firmado este miércoles 23 de enero, el presidente José Mujica suspendió “transitoriamente” el llamado a interesados para la TV digital, por entender que de lo contrario se podría “comprometer la participación de postulantes”.

La decisión surgió de Torre Ejecutiva, ya que fue el presidente Mujica quien recibió directamente el planteo de algunas de las empresas interesadas en participar del llamado. Según dijo a El Observador el director de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, tanto la oficina que conduce como el Ministerio de Industria, Energía y Minería estuvieron por fuera de la decisión de suspender.

De Cola aseguró que no está definido aún hasta cuándo se aguardará para emitir un nuevo decreto que active el llamado para la televisión digital. El jerarca explicó además que de la suspensión transitoria no se puede interpretar una marcha atrás del gobierno con el tema.

Consultado al respecto, el ministro interino de Industria, Edgardo Ortuño se limitó a responder: “Es una suspensión y no una interrupción del proceso. Tenemos que seguir trabajando y avanzar, porque es importante”

En el decreto publicado ayer por Presidencia, se alude a normas del Tocaf que plantea al Estado actuar para lograr la más amplia concurrencia de oferentes a los llamados. “Razones de oportunidad y conveniencia aconsejan disponer la suspensión transitoria” del llamado, agrega el decreto.

Según supo el medio uruguayo El Observador, además de la presión de los canales actuales –que resisten fuertemente el proceso elegido por el gobierno hacia la TV digital– también hay interesados en las nuevas frecuencias que pidieron más tiempo.

En el artículo sexto del decreto, firmado el 31 de diciembre por el mandatario, se establece que las propuestas tendrían 45 días para presentar las propuestas ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). Como el decreto fue publicado el 11 de enero en el diario oficial, los interesados tenían tiempo hasta la hora 15 del lunes 25 de febrero.

El gobierno ya ha cedido a otros reclamos de los actuales operadores. Ese decreto del 31 de diciembre fue criticado en la izquierda por ello.

También el último día de 2012 el Poder Ejecutivo emitió otro decreto referido a la televisión para abonados. En tres artículos establece topes para la cantidad de hogares a los que las empresas operadoras pueden dar el servicio. Las firmas dedicadas al negocio no podrán superar 25% de los hogares de todo el país y a nivel local el tope se fijó en 35%.

Según publico La Diaria el 15 de enero, ese decreto fue también un pedido especial de los canales para limitar el avance de la empresa DirecTV. La solicitud fue, de acuerdo a la misma versión, gestionada por privados y por la gremial del sector. Concretamente se trató de gestiones realizadas por los tres canales privados de Montevideo.

La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) se pronunció rápidamente a favor del decreto del gobierno referente a la actividad de sus asociados.

De Cola reconoció en ese momento que el decreto sobre el negocio de la televisión por cable surge luego de “conversaciones” entre el gobierno y canales privados en el marco de la discusión de la televisión digital. Hasta la publicación del decreto sobre la televisión digital habían mostrado interés en presentarse al llamado el poderoso empresario mexicano Ángel González, la empresa Tenfield, el PIT-CNT y un grupo que integraría entre otros el periódico La Diaria.

El decreto del Ejecutivo precisa que el plazo de las nuevas autorizaciones será por 15 años con opción de renovaciones por 10 años. Prevé asignaciones de tres nuevos canales privados, dos comunitarios y dos públicos.

Para la adjudicación, la Ursec puntuará las propuestas a partir de ocho rubros, definidos por el gobierno junto a una comisión asesora de expertos.