El organismo que debe redactar la nueva Constitución de Chile no aprobó las reformas más importantes de la industria minera, pero autorizó enunciados sobre "acceso equitativo y no discriminatorio a la energía", el estatus de las playas y la proyección del territorio chileno antártico, entre otros.

La asamblea a cargo de redactar una nueva Constitución en Chile rechazó este sábado, en la última jornada de votaciones, reformas importantes a la industria minera entre las que figuraba el fortalecimiento de la propiedad estatal en los yacimientos del mayor productor mundial de cobre.

El artículo 27, que originalmente otorgaba al Estado derechos mineros exclusivos sobre litio, metales raros e hidrocarburos y una participación mayoritaria en las minas de cobre, enfrentó fuerte oposición del sector minero y ya había sido rechazado la semana pasada.

La comisión de medio ambiente sometió a votación múltiples variaciones del artículo ante el pleno de la asamblea durante la tarde de este sábado, pero también fueron rechazadas.

El plenario, sin embargo, autorizó enunciados sobre "acceso equitativo y no discriminatorio a la energía", el estatus de las playas y la protección del territorio chileno antártico, entre otros.

"Quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare", dice uno de los párrafos que recibió luz verde.

Los artículos aprobados serán los últimos en incluirse en el borrador de la nueva carta magna, que a partir de la próxima semana estará en manos de una comisión de armonización que revisará la redacción y coherencia del cuerpo normativo.

El borrador final debe presentarse a principios de julio y los ciudadanos votarán para aprobar o rechazar el texto el 4 de septiembre en un plebiscito de participación obligatoria.

La comisión ambiental logró que sólo una de sus 40 propuestas iniciales fuera aprobada en la primera votación ante el pleno a inicios de marzo. Desde entonces el grupo moderó sus planteamientos, pero aun así consiguió normas sobre derechos de la naturaleza, acceso al agua y sobre la responsabilidad del Estado en la lucha contra el cambio climático, entre otras.