Según una resolución de la entidad se buscó que las compañías divulgaran información de costos y gastos de sus líneas de producción.

Pocas veces una noticia relacionada con medicamentos le da la vuelta al mundo. Salvo que se trate de algún escándalo o de una nueva medicina capaz de curar (verdaderamente) una enfermedad, los asuntos del mundo farmacéutico no suelen clasificar entre las agendas, siempre dominadas por la política y el fútbol. Sin embargo, hace un par de semanas una decisión de la Asamblea Mundial de la Salud, que pasó inadvertida en Colombia, se robó la atención de los grandes medios de comunicación y de las principales agencias de noticias. 

Se trata de una resolución que estaba cocinándose hace meses y que fue discutida por más de 50 horas en Ginebra, Suiza, donde se llevó a cabo el evento. Los motivos por los que se robó la atención global, fueron varios. Por un lado, dejó en evidencia que a la hora de hablar de medicamentos hay muchos intereses económicos en juego que ciertos países defienden a capa y espada. Por otro, el documento, firmado el 28 de mayo, demostró que aún es difícil que haya completa transparencia en ese sector, especialmente cuando se habla de precios.

¿La razón? En pocas palabras, como lo apuntó James Love, director de la organización Knowledge Ecology International, que estuvo al tanto de la discusión, la resolución buscó, en principio, instar a las compañías farmacéuticas a divulgar diferente tipo de información. Precios de las medicinas, ingresos, unidades vendidas, gastos de mercadeo, costos de los ensayos clínicos y montos invertidos en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos eran algunos de los puntos cruciales del documento, bautizado con un nombre extenso: “Mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otras tecnologías relacionadas con la salud”. Pero, en la marcha, los objetivos cambiaron por completo. Unos fueron modificados. Otros, desechados. 

Germán Velásquez, integrante del South Centre, una organización que desde Suiza defiende y asesora a los países del llamado Sur Global en temas como acceso a medicamentos, tiene una buena frase para resumir el resultado de esa intensa discusión:

“Era una propuesta que, a todas luces, iba a incomodar a la industria. Jamás la iban a aceptar. La muestra de ello fue que la resolución cambió completamente y, al final, lo que se aprobó fue una banalidad. Fue un saludo a la bandera”.

A lo que se refiere es que en ese documento final fue eliminado un punto esencial a la hora de hablar de transparencia en el sector farmacéutico: la posibilidad de que las compañías revelen los costos de investigación y desarrollo que hay detrás de un fármaco y los costos y datos cruciales de los ensayos clínicos. Tras dejar en claro sus reparos, las delegaciones de Alemania y Hungría optaron por no firmar a la resolución. También lo hizo Reino Unido pese a que 66 ONG que trabajan en África subsahariana le enviaron una carta al gobierno de ese país para que la apoyara. Estados Unidos firmó pero luego de manifestar varios “peros”. Suecia y Dinamarca fueron otros de los países que se opusieron casi a todas las propuestas de transparencia.

Para Love, sin embargo, la resolución tuvo varias ganancias. La principal, quizás, escribió, fue que el acuerdo insta a los países a tomar medidas para compartir información pública sobre los precios de los medicamentos, que suelen variar según las negociaciones entre la industria y los gobiernos. Crear sistemas para recopilar y compartir información sobre patentes y propiedad intelectual, fue otro de los apartados cruciales.

Pero, ¿por qué los costos de investigación y desarrollo y de los ensayos clínicos generan tanta discordia? ¿Por qué esos datos no pueden ser públicos?

En septiembre de 2016 el “Grupo de alto nivel del secretario general de la ONU sobre el acceso a los medicamentos” publicó un informe en el que explicaba algunas de las razones de ese secretismo. Ahorrándonos detalles técnicos, ese equipo sugería que detrás de esos datos había distorsiones notables.

Lo explicaban con un ejemplo: mientras que estudio realizado por el Tufs Centre for the Study of Drug Development (financiado por la industria) estimaba que los costos de comercializar un medicamento nuevo oscilaban entre los US$ 2.560 millones y los US $ 2.870 millones, la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (que no tiene fines de lucro) aseguró que sus gastos en innovación y desarrollo no sobrepasaban los US$52 millones. Si ajustaban esa cifra teniendo en cuenta el “riesgo de fracaso”, ascendía a, máximo, US$ 195 millones. La diferencia era abismal.

Eso, escribía, el Grupo de alto nivel, “da una idea de las grandes disparidades que existen en las estimaciones de los costos de innovación y desarrollo”.

Algo similar sucede con los ensayos clínicos que realizan las compañías y que suelen representar uno de los gastos más algos en innovación y desarrollo. “Los fabricantes, por costumbre y amparados por la ley, no revelan información importante sobre ensayos clínicos a los médicos y a los investigadores. Este fallo cultural y normativo afecta a toda la medicina”, apuntaba aquel grupo.

Más adelante hacía varias recomendaciones muy similares a las que proponía la resolución que tanta polémica generó en la Asamblea Mundial de la Salud y que continúa pareciendo un anhelo imposible: “Los gobiernos deberían requerir a los fabricantes y distribuidores de tecnologías sanitarias que enviaran a los organismos de regulación sanitaria farmacéutica información de (…) los costos de innovación y desarrollo, producción, comercialización y distribución” de cualquier medicamento. También de cualquier financiamiento público que llegara a sus arcas y de todos los ensayos clínicos.