Los migrantes que han salido tras la crisis del país han pasado meses sin los tratamientos para la enfermedad y buscan las opciones para retomarlos.
La noticia le cayó como un baldazo de agua. Clara tenía 20 años, una hija de 10 meses y un esposo que acababa de fallecer. Era enero de 1994. La patóloga forense que hacía la autopsia le recriminaba: ¡cómo no le había advertido que el hombre tenía VIH, podía haberse infectado al tocar el cadáver! Clara escuchó incrédula y trató de convencerla de que había un error. Él no tenía eso, él había muerto de leucemia.
Pero no era leucemia. Su esposo le había mentido. Primero le dijo que tenía plomo en los pulmones por trabajar como carpintero naval. Entonces fue a su natal España un tiempo. Se fue enfermo y delgado y regresó a Venezuela aparentemente recuperado. Pero en diciembre de 1993 recayó de nuevo y no llegó a fin de año. El médico que lo trataba le confirmó después a Clara el verdadero diagnóstico y hasta ensayó una explicación: su esposo estaba esperando el momento adecuado para contarle.
Una prueba confirmó que ella también había adquirido el virus. “Fue fatal. Hace 20 años no había tratamiento. Y cuando aparecieron, los medicamentos eran caros. Yo me paseaba por todas las ONG y me daban cinco por aquí, diez por allá. Completaba 30 en Caracas para un mes de tratamiento y me iba a mi pueblo”, recuerda Clara.
Luego la situación mejoró y el tratamiento para el VIH se convirtió en algo regular y parte indispensable de su vida. Clara se casó de nuevo con un hombre al que no le importó la enfermedad. Tuvo otra hija (no planeada) que, agradece a Dios, no adquirió el virus y, a pesar que hoy tiene 18 años, no sabe para qué son las pastillas que toma mamá.
Y es que la enfermedad se mantiene bajo control mientras se tomen los medicamentos.
Cuando ello no ocurre, es como una sentencia de muerte a mediano o corto plazo. La crisis que atraviesa Venezuela tuvo a Clara más de un año sin el tratamiento y fue como volver al punto cero. Comenzó a bajar de peso, a enfermar. Nuevamente había que ingeniárselas, a buscar contactos, donaciones. Retrocedió. Cuando su hija mayor tuvo una bebé, Clara tuvo pánico de perder a la familia que ama tanto.
Entonces decidió que debía migrar.
Asunto de salida o muerte
En Venezuela las pruebas para diagnosticar el VIH cuestan entre 30 y 60 salarios mínimos y no siempre hay reactivos en los laboratorios privados, mientras que en el sistema público sencillamente no hay pruebas. Así lo explica a la Agencia Andina Natasha Saturno, coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de Derechos de la ONG venezolana Acción Solidaria.
La situación es similar para el tratamiento de antirretrovirales. “Desde el 2009 hay fallas más o menos importantes, pero desde el 2017 empiezan fallas de cinco, seis meses sin tratamiento, y en el 2018 se vuelve más grave. Nosotros reportamos casos de personas con uno y hasta dos años sin recibir el tratamiento”, advierte.
Como lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tratamiento contra el VIH debe ser suministrado de forma eficiente pues las interrupciones en su consumo conducen a la aparición de nuevas cepas farmacorresistentes.
Solo en los primeros 4 meses del 2018 fallecieron 3 mil venezolanos con VIH, según la organización venezolana Red Gente Positiva. En comparación con periodos anteriores, la tasa de muertes aumentó entonces de 8-9 a 24-25 por día. Comenzaron así las protestas frente a hospitales públicos y frente al Ministerio de Salud de ese país, como la desarrollada el 18 de abril del 2018 en la Plaza Caracas.
El reclamo hizo eco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en octubre pasado, solicitó al Estado venezolano adoptar las medidas que posibiliten el acceso a un tratamiento adecuado a 43 personas con VIH/Sida en situación de gravedad y urgencia. Las medidas cautelares establecidas entonces aún no han sido cumplidas.
Ayuda, no solución
A pocas manzanas del puente internacional de Tienditas, que separa Venezuela de Colombia y donde se desarrolló el “Venezuela Aid Live”, en el lado colombiano de Los Caobos, en Cúcuta, la Fundación AHF ha instalado una clínica para diagnóstico y atención de personas inmigrantes con VIH.
“Es lo más cerca que hemos logrado estar de Venezuela. Hemos tratado varias veces de entrar o llevar ayuda humanitaria. Ha sido imposible”, cuenta José Sebastián Mesones, gerente regional para la región andina de la fundación presente en 43 países del mundo. AHF es una de las tantas organizaciones de la sociedad civil que busca ayudar a las personas con VIH, o que buscan el diagnóstico.
Gracias a una donación de 5 millones de dólares del Fondo Global para VIH, Tuberculosis y Malaria, se compró tratamiento para atender a 50 mil personas con VIH en Venezuela durante el primer trimestre del 2019. Sin embargo, no es suficiente. Hay unas 120 mil personas con VIH en el país caribeño, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del 2016. El mismo informe advierte que desde abril del 2018 hay en Venezuela 58 mil personas con VIH sin medicamentos.
“Las personas sin tratamiento han buscado apoyo humanitario por diferentes canales, pero el tratamiento interrumpido conseguido de fundaciones o donaciones genera resistencia, y es algo que miles ni siquiera tienen. Entonces, muchos emigran”, explica Sebastián Mesones.
Esteban es otro migrante que llegó con VIH. Tiene 29 años y, a diferencia de Clara, él solo recibió tratamiento en su país durante un mes. En octubre de 2017, una prueba general dio un resultado positivo, así que debía hacerse otra para verificar la presencia del VIH y empezar a recibir tratamiento. Pero no había reactivos ni tenía dinero para conseguirlo. Finalmente, una amiga que vive en Estados Unidos le mandó dólares para pagar la prueba. Casi de inmediato recibió pastillas para un mes, pero también se acabaron.
“Entonces (antes de la prueba) estaba muy deteriorado. Fui a una fundación, busqué en internet, me creé un perfil anónimo en Twitter exclusivamente para contactar a otras personas con VIH. Después del mes contacté a una persona que me vendió a un precio accesible la medicina de su pareja que había fallecido. Encima mi medicación no era la normal sino la de 'rescate', porque estaba en etapa Sida”, cuenta.
Esteban y su familia gastaron los ahorros y él llegó al Perú en avión. No vino por tierra ni buscó pastillas cruzando la frontera con Colombia porque, sencillamente, no podía. “No iba a soportar la travesía. Para mí, cargar un litro de agua era mucho esfuerzo”.
Destino: Perú
En la urbanización Habich, en el cono norte de Lima, atiende Givar, fundación que incluye a varias ONG como Sí, da vida. Hasta ahí llegó Clara luego de contactar a la institución desde Venezuela. Un acompañante la llevó entonces al hospital más cercano, el Cayetano Heredia. Ahí le dieron una cita y, luego de unas pruebas obligatorias, pudo empezar a recibir el tratamiento de nuevo.
El problema fue comenzar. Si bien el Estado peruano garantiza el tratamiento de las personas con VIH, al margen de su nacionalidad o de estar aseguradas o no, las personas que no tienen un seguro deben costear algunos de los análisis iniciales, obligatorios por protocolo. En algunos casos, los servicios de Asistencia Social pueden evaluar casos extremos y no cobrar.
Clara, por ejemplo, recibió ayuda para las pruebas de AHF a través de Givar, pues ambas instituciones son aliadas recurrentes. “En veinte días ya tenía mi tratamiento, que me dan cada dos meses. En unos días tengo que hacer otra prueba de carga viral (presencia de virus VIH) y CD4 (medición de células del sistema inmunitario) para ver cómo seguirá el tratamiento”, explica.
Clara se siente mejor pero no quiere estar en Perú. En Venezuela está su hija mayor y su nieta, su pueblo, sus recuerdos, malos y buenos. Sus pensamientos: “Estar lejos de mi gente no es vida, pero es lo que me tocó vivir. Trabajamos para pagar, mi esposo es un señor mayor, no hay para disfrutar ni para ayudar allá. A veces acá como con remordimiento pensando cómo comerán allá, si comen. Pero estoy muy agradecida con el gobierno (peruano), eternamente agradecida. En dos meses más, si me quedaba, me podía haber muerto de cualquier enfermedad oportunista”.
Clara se quiebra un instante en el café donde la mesera es también una migrante venezolana. Luego saca el celular, el mejor invento del hombre, para mostrarle al periodista las fotos de su nieta que la hija le manda siempre, sin falta.
Diagnóstico rápido. Situación de los migrantes venezolanos con VIH es un estudio académico próximo a ser publicado por el investigador de la Universidad Cayetano Heredia Alfonso Silva-Santisteban Portella. En diálogo con la Agencia Andina, el médico explicó de forma general la situación en Perú.
“En Perú el tratamiento está garantizado y es público, muy poca gente accede a lo privado porque es costoso. Con todas sus limitaciones, el sistema de salud de Perú es abierto y es uno de los pocos países de la región que está recibiendo a la gente. Argentina y Brasil son también sistemas abiertos, pero más caros para llegar. Colombia no lo es tanto”, indica.
Silva-Santisteban enfatiza que se trata de una migración forzosa de personas que, en su mayoría, atraviesan una condición de precariedad en general: no tienen soporte familiar cercano, vienen con poco dinero (y generalmente, por vía terrestre) y, al llegar, no encuentran trabajos adecuados. El 30% está desempleado y el 45% gana menos del salario mínimo, según datos de la Organización Internacional para Migrantes.
“Y si a eso se le suma el VIH, hablamos de una situación crítica”, advierte.
Ante casos graves, el Estado peruano ha respondido con entregar por ejemplo el Carnet de Extranjería con rapidez tras una evaluación de la Oficina de Atención a Poblaciones Vulnerables de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
El Carnet de Extranjería es importante: permite tramitar el Seguro Integral de Salud (SIS), que brinda una cobertura de salud más amplia y gratuita. El SIS evita también el gasto inicial (de 200 a 300 soles) que se necesita para costear algunas pruebas requeridas para comenzar a recibir los antirretrovirales en Perú.
Cuando tuvo el carnet, Esteban trató de tramitar el SIS pero le fue negado por tener una cuenta bancaria, a pesar de que tenía cero soles. Por ahora, paga 39 soles al mes (caso 12 dólares) para tener el SIS en la modalidad de independiente.
El tratamiento reduce contagio
Una de las conclusiones del informe elaborado por Silva-Santisteban es que el Estado debe intervenir de una forma activa para cerrar la brecha en los casos de más vulnerabilidad. Por ejemplo, creando rutas de protección para atender al migrante con VIH apenas es identificado en la frontera, o liderando estrategias con diferentes actores del Estado y la sociedad civil para asegurar que los afectados más vulnerables lleguen al tratamiento.
Carlos Benites Villafane, coordinador de la Estrategia Sanitaria de Control y Prevención del VIH del Ministerio de Salud peruano, asegura que se está trabajando para mantener la eficiencia en la atención de los migrantes con VIH. “Garantizamos la atención porque beneficia no solo la salud individual de la persona sino que, en términos de salud pública, reduce la posibilidad de transmisión a otros. Además, es un derecho de las personas con VIH el recibir el tratamiento”.
Entrevistado por la Agencia Andina vía telefónica desde la zona de frontera con Ecuador, donde realiza coordinaciones sobre la atención de migrantes, Benites aseguró también que la presencia venezolana está siendo contemplada para la programación de compra de medicinas y pruebas con miras al 2020, que debe presentarse en julio.
Añadió que son 1,509 los ciudadanos venezolanos que reciben tratamiento antirretroviral en Perú, con datos actualizados a febrero del 2019. El 80% de ese total (1,357), vive en Lima y Callao. “Y no son tantos en comparación (con los peruanos). A nivel nacional se estima que hay 72 mil peruanos con VIH, de los cuales 57 mil se encuentran en tratamiento del Ministerio de Salud. La disponibilidad presupuestal nos permite hacer la programación con bastante tranquilidad”.
Benites añadió que el Ministerio de Salud ya distribuye una cartilla informativa similar a un pasaporte, el “Pasaporte Saludable”, que se entrega a los inmigrantes en zonas de frontera y que brinda información de centros de salud, tratamientos y otros.
“Ahora estamos elaborando otro documento similar pero especializado para VIH, con información sobre los pasos a seguir o los centros donde hay tratamiento. También estamos iniciando conversaciones con nuestros pares de Ecuador para hacer el seguimiento adecuado y asegurarnos de que las personas con VIH sean cubiertas con el tratamiento”, anunció el funcionario.
Contra la desinformación
En los últimos meses, publicaciones de dudosa reputación han difundido fake news sobre la supuesta llegada de decenas de miles de venezolanos con VIH a Perú, o de que un altísimo porcentaje de los inmigrantes llega con el virus.
“Es absolutamente falso. No podemos ser tan alarmistas porque eso trae una carga xenófoba contra los venezolanos. No son muchos pero necesitan el tratamiento y en Perú se les puede brindar. Necesitan ayuda. Algunos han muerto acá porque llegaron en una situación muy crítica. Algunos no tuvieron el SIS hasta un día antes de fallecer. El tema es el dinero y la situación allá. Pero hay que reconocer que el Ministerio de Salud sí los recibe”, explica a la Agencia Andina Marlon Castillo, coordinador de Givar.
Retorno anhelado
Como Clara, Esteban tampoco quiere estar en Perú, pero sabe que no puede volver. Tampoco le dejarían: hace cuatro meses llegaron sus padres “para ver cómo estaba yo, supuestamente, pero pasan los meses y acá siguen. Creo que se están quedando para cuidarme”.
Cuando no tenía el tratamiento, sentado frente a un espejo, Esteban les hablaba a sus células y les pedía que mejoren. Eso, como parte de una terapia psicológica. También se volvió un experto en medicina natural y alimentación saludable. Tomaba sábila, cúrcuma, guayaba y fruta roja, bastante pollo y pocas grasas y azúcares. Cuidó cuerpo y mente el tiempo que no tuvo medicinas y mantiene esos hábitos en Perú. Sabe que la salud mental es fundamental para enfrentar el VIH. “Si tú te deprimes y crees que te vas a morir, te mueres”.
Mientras su mamá cuida de él, su papá y su hermano trabajan. Esteban no se siente cómodo. “Acá estoy prestado. Quiero volver, pero allá no hay medicinas, no hay comida.”
Lo mismo piensa Clara: “Que salga Maduro y me voy”. Su hija menor está con ella en Perú, no estudia y trabaja como mesera de madrugada. “Ella no sabe (que tengo VIH), no sé si le haga daño. Pero yo la adoro, mi motor de vida es mi familia. Por eso vine, yo no me quiero morir. Y de esto, menos”.
