Por Cecilia Rodríguez, Directora Ejecutiva de Fundación Me Muevo, Representante de pacientes en PANLAR (Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología) y Miembro de Biored Sur.

La Ley Ricarte Soto (que cubre medicamentos para enfermedades raras en Chile) ha sido un avance en materia de acceso a medicamentos de última tecnología, como los bioterapéuticos o biológicos, para algunos pacientes que los han obtenido desde 2016 a la fecha.  Sabemos que aún queda mucho por avanzar en materia de acceso para cubrir otras patologías como Artritis Psoriásica o Espondilitis Anquilosante, sólo por nombrar algunas en el ámbito de la Reumatología, pero también tenemos conciencia de que hablamos de salud pública y el presupuesto debe rendir para la mayor cantidad de chilenos.

En este sentido y como pacientes esperamos que el ingreso de nuevos actores en los tratamientos, como los biosimilares, signifique un ahorro importante en lo económico y una nueva alternativa de tratamiento médico que amplíe el beneficio para tantos pacientes que hoy sufren al no contar con el medicamento adecuado y que no ven avances en su terapia.

No obstante lo anterior, preocupa que la regulación no esté al día con este tipo de terapias que deben tener como objetivo garantizar la seguridad y calidad para los pacientes.  Las recomendaciones en todo el mundo indican que, salvo indicación médica, no es recomendable ni se justifica el reemplazo de terapias debido a los riesgos asociados de inmunogenicidad.  Como pacientes estamos alertas porque hemos sabido de casos donde se está modificando el tratamiento por razones más allá de lo médico.

Esperamos que como país contemos con una regulación clara que resguarde siempre a los pacientes y su calidad de vida, a la vez que podamos, ya sea por precios o esquemas de compra, mejorar aún más el acceso para quienes hoy (y no mañana) tanto lo necesitan.