El gobierno de Álvaro Uribe y las Fuerzas Militares instaron a trabajar con celeridad en el proceso sobre ejecuciones extrajudiciales, luego de que 17 uniformados fueran puestos en libertad.
Bogotá. El ministro de Defensa de Colombia y el comandante de las Fuerzas Militares pidieron a la justicia acelerar los procesos que buscan castigar a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, en los que presuntamente están implicados algunos efectivos del ejército.
La solicitud se produjo un día después de que un juez ordenó la libertad de 17 efectivos del ejército investigados por la desaparición y posterior asesinato de tres jóvenes de Soacha, un distrito obrero ubicado en el sur de Bogotá.
"El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares exhortan a los entes investigadores y a las autoridades judiciales a adelantar con celeridad los procesos y determinar las responsabilidades correspondientes en estos casos", dijo un comunicado firmado por el titular de ese despacho, Gabriel Silva, y el general Freddy Padilla.
Los dos funcionarios reafirmaron su determinación "de brindar plena colaboración a la justicia en desarrollo de las investigaciones a que haya lugar para establecer la responsabilidad de los investigados".
La decisión del juez de liberar a los 17 militares porque el juicio no se inició dentro de los términos previstos por la ley fue considerado como un revés para el proceso de los denominados "falsos positivos".
Esa denominación fue dada a los casos en los que jóvenes desaparecían después de ser reclutados bajo engaños y luego sus cuerpos eran presentados por autoridades militares como miembros de grupos armados ilegales muertos en combates.
En septiembre del 2008 se conoció que al menos 19 jóvenes que residían en Soacha, un sector obrero ubicado cerca a Bogotá, aparecieron muertos en el noreste del país después de que el ejército los reportó como miembros de grupos armados ilegales muertos en combates.
Casos similares. Pero las investigaciones demostraron manipulación de pruebas y que las víctimas fueron reclutadas por personas con nexos con el ejército después de ofrecerles trabajo.
El caso de Soacha puso al descubierto otras ejecuciones extrajudiciales al parecer cometidas por efectivos del ejército con el aparente propósito de cobrar recompensas y ganar otros beneficios como permisos y descansos remunerados.
El escándalo provocó la destitución de 27 efectivos del ejército, incluidos tres generales, y luego la renuncia del comandante de esa fuerza, general Mario Montoya.
El gobierno del presidente Alvaro Uribe dijo que se trató de un caso aislado, pero de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional se registraron 296 ejecuciones extrajudiciales en los 12 meses previos a julio del 2008.
El escándalo de ejecuciones involucra a más de 400 efectivos del Ejército y la Fiscalía General investiga más de mil casos con alrededor de 1.600 víctimas.
Uribe asumió el cargo el 7 de agosto del 2002, después de ganar la elección con la promesa de derrotar a la guerrilla en un país hastiado por la violencia, y fue reelegido por otros cuatro años en el 2006.
El presidente aumentó los efectivos de las Fuerzas Armadas, el gasto militar y ordenó pagar recompensas a informantes.
La ofensiva obligó a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a replegarse en apartadas zonas selváticas y montañosas, mientras se redujeron los asesinatos, masacres, secuestros y ataques con explosivos.
Pero según analistas y grupos de derechos humanos la presión de Uribe a los comandantes de las Fuerzas Armadas para obtener resultados en la ofensiva contra la guerrilla contribuyó al aumento de violaciones a los derechos humanos.
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