La ministra de Salud, Ariana Campero, informó que está dispuesta a negociar desde ‘fojas cero’ el decreto de regulación del sector salud, como pidieron los médicos para iniciar el diálogo. Este jueves fracasó un nuevo intento de acercamiento.

El conflicto médico en Bolivia no encuentra una salida y tiende a agravarse por las posiciones contrapuestas a las que ya se suman diferencias personales. La fiscalización al sector privado y público es uno de los temas centrales que divide a las partes en conflicto, aunque también está en mesa el rechazo a la incorporación de la figura legal de la mala práctica profesional.

Uno de los últimos intentos de acercamiento se dio el jueves, pero poco después de iniciado fue suspendido debido al abandono de la dirigencia de los galenos que no está de acuerdo que se empiece a hablar, precisamente de la fiscalización al sector público y privado, según el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, quien participó del encuentro.

Ya van 16 días del paro que suspende la atención médica en los servicios públicos y de la seguridad social. Solo funcionan los servicios de emergencia, que sin embargo no abastecen la alta demanda que se va acumulando con la postergación, por ejemplo en la Caja Nacional de Salud (CNS), de cirugías y otros procedimientos médicos.

La ministra de Salud, Ariana Campero, afirmó que está dispuesta a negociar desde “fojas cero” una disposición que vaya a sustituir el decreto de Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de la Salud, no obstante descartó que se vaya a renunciar, como exigen los movilizados, a la labor de fiscalización de la gestión en salud.

Pero la ministra no solo ve una posición intransigente en alguna dirigencia colegiada, sino hasta una actitud misógina. “Esperamos que las otras dirigencias que son más sensatas se impongan ante algunas dirigencias que están muy extremistas, muy radicales y que incluso ya muestran una actitud misógina, de confrontación con la ministra, con el mismo presidente Evo Morales y con el gobierno que hace pensar que el conflicto puede ser político”, cuestionó en declaraciones en la red ATB.

Luis Larrea, el representante de los galenos de La Paz, dijo estar dispuesto a dialogar, pero advirtió que la situación tiende a agravarse con la propuesta de instalar piquetes de huelga y la amenaza de renuncia de especialistas en el sector público y de la seguridad social. Además negó que haya inversión en salud y dijo que los recursos se han “malgastado”.

Respondió a la ministra y aseguró que es falso que rechacen la fiscalización, aunque le pidió en una entrevista con Unitel que vaya a trabajar con los profesionales. “No venga a hacer inventitos de lo que ella ha estado en otro país, seguramente quiere aplicar lo que en otro país ha visto y no ha visto lo mal que están en ese país”, dijo.

Campero, quien estudió en Cuba, afirmó que como profesional médica “no tiene ningún temor” sobre las normas que se trabajan para la fiscalización ni para penalizar la mala práctica profesional.

La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que la figura legal de la mala práctica médica fue concertada con los entes médicos colegiados y lo que busca es proteger a los médicos como a los pacientes, ya que también fija los agravantes y atenuantes. Negó una penalización del acto médico.

Larrea acusó a Campero de mentir y la responsabilizó de todo cuanto pasa en el sector, aunque dijo estar dispuesto a retornar a la mesa de negociación.

A diferencia de lo que habían dicho en un principio, el Colegio Médico de Bolivia ahora pide la anulación del artículo 205 del proyecto de ley del Código de Sistema Penal sobre mala práctica profesional. No solo buscan ajustes, pese a que participaron, según Montaño, en su redacción.