El dirigente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, aseguró que los gobernadores serán responsables de la transferencia de los hospitales de tercer nivel al Gobierno.

Los médicos reunidos en el Consejo Médico Nacional de La Paz resolvieron este martes retomar a partir del 6 de marzo las medidas de presión en rechazo a la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) porque consideran no existen las condiciones de infraestructura, equipamiento y de recursos humanos.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, afirmó que los profesionales en salud están de acuerdo con un seguro de salud pero no como el que plantea el Gobierno.

“Los profesionales hemos decidido que a partir del 6 de marzo retornaremos a las movilizaciones y asumiremos las medidas de presión frente a la vulneración no solamente con el marco autonómico, centralizando la gestión en salud. Responsabilizamos a los gobernadores que están transfiriendo los hospitales de tercer nivel a competencias del Ministerio de Salud”, sostuvo.

El 1 de marzo arrancará la iniciativa social con consultas, tratamientos y cirugías gratuitas. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, aseguró en reiteradas oportunidades que existen las condiciones para poner en marcha una iniciativa de la magnitud del SUS.

No se determinó qué tipo de medidas de presión asumirán los médicos. En diciembre y enero cumplieron dos paros de actividades, pero un fallo judicial obliga ahora a las autoridades de salud a garantizar la continuidad en los servicios y procesar a quienes la interrumpan.

Viruez acusó al Gobierno de engañar a la población porque en la realidad, dijo, no se contaría con las condiciones de infraestructura, recursos humanos, equipamientos e insumos para brindar atención médica.

“(El SUS) no le va a garantizar una salud gratuita y en buenas condiciones (a los pacientes)”, insistió.

Para este miércoles se prevé la promulgación de la Ley del SUS. Los médicos decidieron dejar el diálogo acordado con el Gobierno y optaron por presentar una contrapropuesta que para el Ejecutivo no tiene sustento técnico.

Se dispuso inicialmente un presupuesto de US$ 200 millones y está en curso la contratación de personal médico. El Gobierno prevé tener tuición sobre los hospitales de tercer nivel, mientras que los de segundo y primer nivel permanecerán bajo administración de los subgobiernos.