Además de la prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, el proyecto, promovido por la Alianza Colombia Libre de Fracking, también busca que el país inicie una transición para que en el país no se usen combustibles fósiles, en un plazo de 15 años.
Este miércoles se radicaba en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir la “exploración y explotación de yacimientos no convencionales (YCM) en Colombia”. El proyecto fue promovido por la llamada Alianza Colombia Libre de Fracking, que reúne a más de cien organizaciones, colectivos y académicos que se dedican a la protección del medio ambiente y de los territorios colombianos.
La propuesta, que consta de ocho artículos, tiene como fin que se prohíba “la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales (YNC) de hidrocarburos como medida de protección del medio ambiente y la salud, y para prevenir conflictos socioambientales asociados a estas actividades”. Fue promovida, entre otros, por los congresistas Angélica Lozano, Gustavo Petro, Luciano Grisales, David Racero y Juan Luis Castro Córdoba.
“Se busca establecer un marco legal para la protección integral de los territorios más vulnerables que requieren el reconocimiento de los principios de precaución, prevención, progresividad y no regresividad, prevención del riesgo y maximización de la eficiencia del agua y priorización para la vida, así como de la necesidad de iniciar el proceso de transición energética para superar la situación de riesgo de daños irreversibles a la naturaleza, las afectaciones a la salud pública y la falta de garantía de derechos humanos en los territorios donde se desarrollaría esta industria extractivista”, explica un comunicado de la Alianza Colombia Libre de Fracking.
Además, busca que para los proyectos de exploración y explotación se respeten principios como los de precaución (adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente), prevención (que se tomen medidas antes de que haya daños por la explotación); progresividad y no regresividad (que no se puedan disminuir “los niveles de protección ambiental y social previstos”); prevención del riesgo (“evitar las amenazas, la generación de riesgo y de pasivos ambientales y sociales ante el desarrollo de actividades antrópicas”), y maximización de la eficiencia en el uso del agua y priorización para la vida.
"Esta es la defensa del agua, si no hay agua no hay vida y si no hay vida no hay ningún otro derecho. Esto es un abrebocas de lo que va a pasar en el nuevo Congreso y con la aparición de corrientes distintas a las tradicionales. Hay parlamentarios decididos no solamente a defender nuestro territorios sino también interesados en construir un país distinto", aseguró Aida Avella, senadora de la lista de los decentes.
También, la ley, de ser aprobada, prohibiría que se suscriban “contratos, concesiones, licencias o permisos ambientales para la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales (YNC) de hidrocarburos en el territorio nacional”.
Además, comprometería a los ministerios de Medio Ambiente y Salud, así como a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, para que, dos años después de la expedición de la ley, presenten un informe en el que se expliquen “los impactos socioambientales y de salud pública, y de los pasivos ambientales que han ocasionado las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”.
Por último, el proyecto contempla que el país, como una medida para cumplir con los compromisos suscritos en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en 2016, inicie una transición para, de manera gradual, dejar de lado el uso de los combustibles fósiles, en un plazo de 15 años, a partir del momento en el que se expida la ley.
