El asesinato de la socióloga Marielle Franco pondrá a prueba la promesa del Ejército de hacer funcionar las instituciones policiales.
La muerte de Marielle Franco, una reconocida concejala de Río de Janeiro, está siendo investigada por la Policía local bajo el supuesto de que se trató de un asesinato premeditado. La reconstrucción de los sucesos en torno al ataque perpetrado contra el vehículo que la transportaba reveló que la socióloga y activista social recibió cuatro disparos en la cabeza; el hombre que conducía el automóvil en ese momento, Anderson Pedro Gomes, también perdió la vida tras recibir tres tiros. Una asesora de Franco sobrevivió a la agresión con heridas graves. Los criminales dispararon desde otro coche y no se llevaron ninguna de las pertenencias de las víctimas. La atención que ha atraído el caso ejerce enorme presión sobre las autoridades.
Aunque era de noche –21:30, hora de Brasil– y el vehículo tenía vidrios oscuros, la Policía sostiene que los atacantes sabían muy bien que Franco estaba sentada en el asiento trasero. Marcelo Freixo, diputado regional en representación del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), al que pertenecía Franco, describió lo ocurrido como una ejecución. Ignácio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia, adscrito a la Universidad Estadal de Río de Janeiro, sostuvo que el círculo vicioso de la violencia en esa populosa ciudad es fomentado por la impunidad prevalente. “Los autores de la matanza buscan demostrar que habrá impunidad incluso cuando se asesine a una persona de tanta visibilidad como Marielle”, subrayó el experto.
La muerte de Franco complica el trabajo del general Walter Souza Braga Netto. El pasado 16 de febrero, el presidente de Brasil, Michel Temer, le ordenó hacerse cargo de la intervención federal del sistema de seguridad pública del estado de Río de Janeiro, actualmente azotado por una fuerte ola de violencia. Braga Netto, del Comando Militar del Este, debe coordinar la labor de las Fuerzas Armadas, que prácticamente asumieron la responsabilidad sobre la actuación tanto de las Policías civil y militar como del cuerpo de bomberos estatal. Ahora, el oficial debe esforzarse también en esclarecer rápidamente un crimen puntual: el asesinato de Marielle Franco. Brasil está en shock y Braga Netto ha sido llamado a calmar la sed de justicia.
Después de todo, Franco era popular por defender los derechos de la mujer, luchar contra la discriminación institucionalizada de los negros en Brasil y criticar la violencia de los operativos policiales en los barrios más pobres. Ella debutó en la política después de que una bala perdida matara a una amiga en 2005, en el marco de un enfrentamiento entre narcotraficantes y policías. La concejala –oriunda del convulso Complexo da Maré, afincada en la zona norte de Río– volvía de un encuentro con activistas negros en el barrio carioca de Lapa cuando fue asesinada. Ella no tuvo tiempo de empezar el trabajo que se le había encargado recientemente como relatora de la Comisión de Observación de la Intervención Federal, en la Cámara de los Consejales.
Personalidades de todos los ámbitos de la vida nacional han expresado su pesar por la desaparición física de Marielle Franco. Los representantes locales de la ONU, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch exigieron que se liberen todos los recursos necesarios para que el caso sea investigado rigurosamente. Y el concejal Tarcísio Motta, de la formación PSOL, enfatizó que el de Franco constituía un “atentado político”. “La suya fue una ejecución por el trabajo que ella hacía; es un atentado contra la democracia”, esgrimió Motta, añadiendo que, aunque el partido no tenía noticias de amenazas en su contra, el homicidio trae a la memoria los asesinatos de activistas como el ambientalista Chico Mendes (1988) y la religiosa Dorothy Stang (2005).
