Mientras los gobiernos buscan lograr metas de reducción de CO2, las empresas se han quedado en un segundo plano del debate. El problema es que serán éstas las destinadas a bajar las emisiones, por lo que los expertos les aconsejan trabajar desde ya, y no recién cuando sea una obligación.

A fines de este año los gobiernos del mundo se reunirán nuevamente para tratar de lograr un acuerdo climático en lo que será la cumbre de Cancún, en México. Tras el fracaso de Copenhaguen, las esperanzas están puestas para que ahora sí los países logren metas de reducción de emisiones, sin embargo, los organismos multilaterales ya han advertido que la tarea será difícil.

Pese a lo complicado del desafío, si hay algo que ha quedado claro es que ya llegó la hora de adoptar nuevos mecanismos, para hacer frente al grave problema del cambio climático, una meta en que el sector privado tendrá que jugar un rol fundamental.

Es más, según un estudio de la consultora internacional KPMG, titulado ‘El Acuerdo de Copenhaguen, perspectivas del trabajo en curso’, se postula que las empresas debieran impulsar la agenda climática.

“El cambio climático involucra a las compañías y a los gobiernos, porque está afectando día a día a distintos sectores de las economía de los países”, asegura a AméricaEconomía.com Jesús González, socio de Asesoría a cargo de la Práctica de Desarrollo Sustentable de KPMG en México. La clave, asegura, es que finalmente “la reducción de emisiones vendrá principalmente de las empresas y no del Estado”.

Juicio que es compartido por Marco Giussani, asesor de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) en la aplicación de tecnologías limpias para el sector privado, organismo del Banco Mundial que trabaja junto a las empresas prestando asesoramiento y financiamiento para el desarrollo de iniciativas de este tipo. “Las empresas tienen un rol preponderante y fundamental", asegura.

Los problemas del sector privado. González acota el desafío que tienen las empresas frente al cambio climático, a tres problemáticas. En primer lugar, la gran mayoría ni siquiera está al tanto de cuánto contaminan, por lo tanto, se debe empezar por buscar mecanismos para determinar la cantidad de emisiones. Una vez que esto se haya realizado, viene la tarea de fijar las metas de reducción.

El segundo problema deriva de lo anterior, y tiene que ver con que si las firmas están dispuestas a hacer esfuerzos significativos, y destinar inversiones para ello. Finalmente, se requiere cuantificar el cumplimiento de las leyes.

Los gobiernos de a poco han comenzado a ser más estrictos con las leyes ambientales, principalmente en lo referente al uso del agua y la restricción de ciertos materiales, por lo que ya existen empresas que están sufriendo los efectos de estas regulaciones. Pero también hay otras compañías que están haciendo cambios sin tener dicha obligación, sino porque lo ven como una diferencia estratégica.

Para Giussani, si bien existe una conciencia generalizada respecto del rol que deben jugar las compañías, el sector privado está indeciso en la forma en que debe hacerlo, y no sabe cómo hacer los cambios necesarios sin que eso afecte la competitividad. No obstante, destaca que hay sectores, como el cementero, que han adoptado códigos propios para la minimización de los gases, a través de asesorías y la incorporación de nuevas tecnologías.

Por su parte, González reconoce que hay industrias como la energética y minera, que han hecho un esfuerzo mayor por tratar de avanzar en iniciativas sustentables que cambien su imagen, ya que debido a lo contaminante de sus procesos productivos, son vistas como las industrias más sucias.

Los expertos coinciden en que las empresas deberían aprovechar este momento, cuando aún no es una obligación implementar los cambios que se requieren, antes de que sea demasiado tarde y se vean obligadas a reaccionar sobre la marcha. “Las empresas que no estén dispuestas a hacerlo, pueden ser fuertemente castigadas en el futuro”, sostiene Giussani.

Rol del gobierno. El rol del gobierno es fundamental a la hora de definir cómo se van a impulsar los cambios necesarios y las exigencias a las compañías, más aún cuando todavía no se establecen acuerdos vinculantes, los que posteriormente obliguen a los países a cumplir ciertas metas.

La implementación de los cambios puede darse a través de penalizaciones, castigando a las empresas que no estén dispuestas a hacerlo, o bien mediante incentivos, otorgando beneficios a las compañías que cumplan con la incorporación de estos mecanismos, por ejemplo, otorgándoles rebajas impositivas.

En este punto, ambos expertos coinciden en que el asunto no debería ser enfocado sólo desde el castigo, sino más bien a través de la implementación de incentivos, considerando que para el sector privado hacer estos cambios genera costos, y esos incentivos podrían alentar las inversiones que se requieren para ello.

“No es que no deban haber castigos; debe haber en los casos en que no se cumpla, pero se debe premiar también a los que lo hacen, porque así habrá muchos más emprendedores”, asegura González.

Según Giussani, los métodos coercitivos en las normas ambientales han tenido muy pocos resultados, por lo que “la iniciativa debe ir más por el lado de los incentivos y los compromisos voluntarios”. En ese sentido, asegura que la tarea es compartida con el gobierno, quien debe fiscalizar y crear las regulaciones, pero también generar más participación.

Panorama en la región. Según González, las empresas de clase mundial presentes en América Latina ya han tomado conciencia de la importancia de realizar estos cambios. “Han entendido que para estar a la vanguardia, tiene que cumplir en estos aspectos”, explica. Sin embargo, está la otra cara de la moneda, compañías más locales y familiares en las que aún no hay conciencia del tema, y esto se debe a que continúan acotadas a temas cortoplacistas basado en el estado de los resultados al final de cada año. “Esto dificulta la preocupación por el cambio climático”, asegura el experto.

Y advierte que la situación es grave, ya que si ahora no se hacen las inversiones que se requieren, para 2030 el efecto negativo sobre el Producto Interno Bruto podría alcanzar entre el 15% a 20%.

A nivel de países, Giussani dice que se observa un mayor nivel de desarrollo en Chile, Brasil y México, y Colombia y Perú un poco más atrás. En el resto de la región, la tarea pendiente es muy grande. Aunque reconoce que el nivel de compromiso está asociado a la contaminación que genera cada país.

A nivel mundial, América Latina produce 12% de las emisiones totales, de las cuales a nivel regional México y Brasil emiten el 70% de esos gases.

En cuanto a los sectores, destaca que los que tiene un mayor consumo de energía están más comprometidos con el desarrollo de fuentes limpias, pero presionados por el uso de los combustibles fósiles.

La exigencia del consumidor. Jesús González advierte que hay mercados que son altamente sensibles al cambio climático, principalmente el europeo y japonés, donde se están empezando a cortar relaciones con quienes no cumplen con los estándares que exigen, lo que al final se convierte en un factor decisivo de competitividad.

En ese sentido, detalla que se ha creado como una especie de “club internacional”, como en algún momento sucedió con la implementación de la norma ISO 9000, y que si bien aún es bastante informal, busca establecer contactos entre empresas que comparten sus criterios sustentables y amigables con el medioambiente.

Hay cadenas mundiales de supermercados que ya están implementando etiquetados donde detallan las emisiones de CO2 de los productos. “El mundo está cambiando la imagen, y la actitud con estos temas está siendo cada vez más importante, porque los consumidores están cada vez más exigentes”, explica González.

Los consumidores son quienes pueden ejercer mayor presión y lograr un mayor impacto, ya que pueden castigar a compañías que no cumplen, no adquiriendo sus productos, como ya se está viendo en mercados más desarrollados y exigentes. González advierte que “hoy puede hacerse voluntario y adelantarse a lo que será una obligación”, el problema es que la gran mayoría de las compañías ni siquiera se lo está preguntando.

Para Giussani, el mercado puede exigir mayores mejoras a las empresas que las propias regulaciones, porque existe una fuerte presión de los inversionistas, de los proveedores y los consumidores. Entonces, se debe aprovechar esta competencia positiva para generar regulaciones inteligentes.

Sin embargo, aún queda mucho camino por andar en la región. El problema es que mientras las compañías probablemente tomen conciencia en el largo plazo, las regulaciones y los efectos del cambio climático se verán en el mediano o corto plazo.