Por Silvina García Larraburu, senadora nacional PJ-FPV por Río Negro (Argentina).

Hace pocos meses, en el Congreso de la Nación sancionamos la norma que habilita el uso medicinal del cannabis. En aquel entonces, advertí que se trataba de una propuesta de mínima y era necesario legislar por el autocultivo, la investigación y el desarrollo de la producción nacional.

Frente al enorme desafío de cubrir la demanda que hay en el mercado, cuya población supera el millón de personas; el 18 de mayo presenté una iniciativa que propone legalizar el autocultivo y crear un registro regulatorio en pos de la seguridad de los pacientes.

En la actualidad la producción no da abasto y está concentrada en manos extranjeras, por ello considero que promover el autocultivo se traducirá tanto en soberanía sanitaria, como en la mejora de su calidad y un significativo aporte a la investigación.

La comunidad científica, las madres, los pacientes y los médicos, vienen dando una fuerte lucha por la legalización del cultivo del cannabis medicinal. Quienes recurren a este método, lo hacen a través de una cosmovisión, que implica buscar una mejor calidad en el producto, con pleno conocimiento de lo que se consume.

Son muchas las personas que no encuentran en otros medicamentos los efectos requeridos para sus afecciones -como dolor crónico, atenciones paliativas, infecciones, artritis, artrosis, inflamaciones del sistema nervioso, deficiencias del apetito, convulsiones, entre otras- y esperan dejar de ser perseguidas por el cultivo o el cultivo solidario.

Desde el año pasado insistimos por vías parlamentarias con la necesidad de avanzar hacia una normativa que haga foco en la producción nacional y asiente bases investigativas para optimizar los beneficios que puede aportar el cannabis a la salud.

Más que nunca tenemos que seguir trabajando por el derecho a la salud e ir por el autocultivo. Es necesario desandar los prejuicios y tabúes, no sólo para el abastecimiento del consumo interno sino también para potenciales exportaciones en un contexto mundial donde la demanda crece a un ritmo vertiginoso.

Debemos continuar promoviendo acciones que garanticen la salud como derecho; profundizando políticas públicas con espacios intersectoriales, donde el sistema científico, académico, sanitario y de la sociedad civil desempeñe una activa cooperación a fin de avanzar desde una visión integral hacia una regulación superadora a la recientemente sancionada.