Así lo indica el último informe de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, titulado Inversiones chinas, ¿cómo han afectado a la institucionalidad de Ecuador?, que fue presentado este 12 de octubre en Quito y que cuenta con el aval del Centro Internacional para la Empresa Privada.
El flujo de capitales de países considerados autoritarios como China, Rusia y las denominadas petromonarquías a países con institucionalidades débiles, como por ejemplo los de nuestra región, entre ellos Venezuela, Bolivia y Ecuador, ha dejado en casi dos décadas una marca o patrón que los define como “capitales corrosivos”.
Así lo indica el último informe de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, titulado Inversiones chinas, ¿cómo han afectado a la institucionalidad de Ecuador?, que fue presentado este 12 de octubre en Quito y que cuenta con el aval del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE).
La presencia de estos capitales corrosivos es un fenómeno del cual, gracias al informe, se pueden conocer sus características, riesgos y posibles formas de enfrentarlo.
Dicho fenómeno se viene repitiendo en Venezuela o Bolivia con capitales provenientes de Rusia, y en Ecuador con los flujos desde China, a través de inversión extranjera directa, créditos atados a contrataciones con empresas del mismo país financista y deudas con altas tasas y cortos plazos.
En Ecuador, casos emblemáticos que reflejan la existencia de estos capitales corrosivos son el de Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, Sopladora, Minas-San Francisco, asimismo las ventas anticipadas de crudo, el caso minero Tundayme, obras como la construcción de la Universidad Yachay, la extensión de la carretera Simón Bolívar realizada por el Municipio de Quito, y también a través del Plan Anual de Inversiones 2010.
La mayoría de ellos han estado en la palestra pública debido a escándalos de corrupción, sobreprecios y fallas estructurales. Algunos de estos créditos se terminarán de pagar en el año 2039.
El informe explica de manera macro que del 2005 al 2013 alrededor del 75 % de las inversiones (US$ 70.000 millones) y préstamos (US$ 74.000 millones) chinos en América Latina se concentró en los países amazónicos, especialmente Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú.
El grueso de estos dineros se ha dirigido a industrias extractivas y a actividades de alto impacto ambiental y social.
Los capitales corrosivos llegan a los países normalmente en forma de asistencia oficial para el desarrollo, créditos, inversiones en compras públicas u obras de infraestructura, inversiones de portafolio y provienen de gobiernos autoritarios o con sistemas políticos cuestionados. Además llegan a países con severas limitaciones a la libertad de expresión y prensa y son flujos obtenidos en condiciones poco transparentes.
Así, el informe detalla las señales de alerta que se deben observar para identificar a este tipo de capitales.
El dinero se utilizó para un proyecto de un área sensible a la corrupción.
En el caso de Ecuador llegaron US$ 22.589,6 millones desde China a Ecuador a modo de créditos bilaterales entre 2010 y 2019, a través del EximBank China y el Banco de Desarrollo de China.
Este dinero financió principalmente obras del Gobierno central en infraestructura de sectores estratégicos, pero también la construcción de carreteras y otros proyectos clave. Debido al financiamiento bilateral, Ecuador adquirió obligaciones crediticias hasta 2039.
Los préstamos chinos se ejecutaron bajo la lógica del “Triángulo de Hierro”, que consiste básicamente en que el banco chino le presta dinero a condición de que se contrate a empresas chinas y a un porcentaje de trabajadores chinos. Bajo esta forma de financiamiento, los gobiernos prestatarios se encuentran “condicionados” a no abrir procesos licitatorios para el desarrollo de proyectos estratégicos, sino que están obligados a contratar a las compañías chinas; y, en algunos casos, también comprometen la administración del proyecto por un tiempo determinado, una vez terminada la obra.
De acuerdo con información del Ministerio de Finanzas, entre 2010 y 2019 se recibieron $ 16.114 millones en créditos cuya obra fue ejecutada por empresas chinas, a tasas de interés de entre el 2 % y el 7 %.
Estos créditos se entregaron al Gobierno ecuatoriano desde el Eximbank y el Banco de Desarrollo de China. Los préstamos chinos son mucho más caros por sus tasas de interés y plazos, con relación a los otorgados por los organismos multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano del Desarrollo y CAF), cuyos plazos oscilan típicamente entre 18 y 25 años con intereses menores al 4,5 %.
Mientras tanto, más del 80 % de los préstamos chinos concedidos al Ecuador tienen un interés entre 6,25 % y 7,91 %, y plazos muy cortos (un 70 % de los préstamos chinos tienen un plazo entre dos y ocho años).
Andrés Lozano y Leonardo Gómez Ponce, autores del informe, indicaron que el objetivo de este documento no es quedarse en la mera descripción del problema, sino generar recomendaciones para evitar que se siga repitiendo en los siguientes años y gobiernos.
En este sentido recomiendan la adopción de algunas reformas legales y cumplimiento de las obligaciones de transparencia ya existentes. Entre ellas, se plantea una reforma constitucional a fin de que no se permita que en los contratos de crédito se tenga que contratar obligatoriamente a una empresa para la construcción de la obra del mismo país prestamista.
También se debe avanzar en la reforma legal que permita conocer a los beneficiarios finales de los contratos, es decir, las empresas y los dueños que finalmente reciben los dineros.
Los expertos de Ciudadanía y Desarrollo comentaron que actualmente, en el gobierno de Guillermo Lasso, se está llevando un proceso de renegociación de deuda e incluso de firma de un nuevo contrato de venta de petróleo.
Sin embargo, no se ha visto al momento la suficiente transparencia, en este nuevo contexto.
