Las cajas de compensación detectaron una realidad dual, con un segmento de personas que tienen un nivel de endeudamiento comparable al de un país desarrollado y otro grupo con menos acceso a crédito de calidad. La entidad aboga por regulación para salir del sobre endeudamiento y a la vez crear una ley que fomente el denominado ahorro social.

Son el tercer actor de los préstamos en Chile, junto con la banca tradicional y el rupturista sector de las Fintech. Las cajas de compensación realizan 1,5 millones de créditos sociales anuales para un universo potencial de 7 millones de personas, entre población económicamente activa y pensionados.

Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación, destacó los resultados de un reciente estudio sobre el financiamiento y endeudamiento de las familias chilenas, denominado “Financiamiento y endeudamiento de los hogares en Chile”, elaborado por el economista Claudio Raddatz.

“El 40% de las familias de menores ingresos tienen una deuda que se puede considerar un sobreendeudamiento, es decir, tienen una carga financiera que les demanda el 50% de sus ingresos, y eso es una cifra preocupante”, comenta a AméricaEconomía.

Esto se condice con el Informe de Endeudamiento 2023, emitido a principios de año por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que detectó la misma y preocupante realidad: uno de cada cinco de los deudores exhibía una alta carga financiera, superior al 50% de su ingreso mensual. En tanto que el nivel de deuda representativa de los deudores bancarios fue de $2,2 millones, mientras que los indicadores de carga financiera y apalancamiento fueron de 16,1 % y 2,8 veces el ingreso mensual, respectivamente.

La perspectiva de Cajas de Chile en torno a esta situación es que, si bien en Chile se ha avanzado en tener un mercado y soluciones financieras para los distintos grupos de la población, se ve una realidad dual, con un segmento que tiene un nivel de acceso y endeudamiento que es comparable al de un país avanzado. 

“Pero al mismo tiempo hay otro grupo de la población con menores ingresos, que tiene menos acceso a productos y menos acceso a crédito de calidad”, recalca.

La entidad considera que, debido a las distintas realidades, deben existir diferentes medidas también para abordar el problema y así lo han hecho saber a las autoridades y a los distintos actores financieros.

“[Como país] debiéramos avanzar en tener una ley de consolidación de deudas, porque con esa medida tanto las familias como los actores financieros podrán conocer todas sus deudas, hacer mejores evaluaciones, unificarlas y así poder salir de ese tipo de problemas”, indica Campero respecto del proyecto, que ya cumple 13 años en tramitación en el parlamento.

El actual gobierno, mediante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) considera que este registro de deuda consolidada permitirá visualizar de mejor forma el endeudamiento global de los sujetos de crédito y su comportamiento en el tiempo, con lo cual aquellas personas que pagan sus compromisos regularmente podrán acceder a mejores condiciones crediticias.

Un reciente reporte de la presidenta de la entidad, Solange Bernstein, asevera que proporcionará mayor competencia y mejores términos en la contratación de la deuda, con mejores las condiciones crediticias de tasa y plazo de los buenos pagadores, que pueden “portar” su historial crediticio y beneficiarse de él.

“Se crean condiciones que permiten controlar de mejor manera el sobreendeudamiento, mejorando la protección del consumidor y la gestión de riesgo por parte de las entidades financieras”, indicó en una presentación ante el senado la directiva de la CMF, durante junio del año pasado.

Además, es complementario a iniciativas normativas como Basilea III -propone a los bancos aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas- la Ley de Protección del Consumidor y la Ley Fintech, de reciente promulgación en Chile.

Una de sus disposiciones, además, amplía número de entidades reportantes de deuda positiva, alcanzando a las compañías de seguros y mutuarias, cooperativas no supervisadas por la CMF y las cajas de compensación.

“El 60% de a quienes les prestamos tienen algún tipo de antecedente comercial negativo. Nosotros creemos que eso no es impedimento para poder te hacer una oferta de poder obtener crédito, reordenar tus deudas. Entonces creemos que ese tipo de cosas hay que impulsarlas más. No las queremos solo para nosotros, queremos que los otros doctores también jueguen un rol en acompañar a la familia en disminuir su nivel de sobreendeudamiento”, asegura Campero.

Sin embargo, no es el único paso para salir del endeudamiento de los hogares chilenos.

En noviembre del año pasado inició su tramitación en el Congreso la denominada Ley de sobre endeudamiento. Una iniciativa de cuatro pilares que establece un programa de garantías para permitir el refinanciamiento de personas sobreendeudadas; regula el pago mínimo de las tarjetas de crédito; modifica la Ley de Fraudes e introduce modificaciones al Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) que se creó para permitir el acceso a la vivienda de sectores más vulnerables.

En total, el gobierno estima refinanciamientos por US$ 563 millones y un costo fiscal que bordearía los US$ 23 millones anuales, correspondientes a las garantías cobradas por las instituciones financieras ante el no pago de un refinanciamiento.

ROL DE LAS CAJAS

Creadas hace 70 años, inspirados en el Estado de bienestar de la Europa de postguerra, las cuatro cajas de compensación chilenas –Los Andes, Los Héroes, 18 de Septiembre y La Araucana– son Instituciones privadas, con directorios bipartitos, sin fines de lucro y autofinanciadas, que apoyan con beneficios sociales a trabajadores dependientes, pensionados y sus familias en diferentes áreas de salud y bienestar.

Esa permanencia se explica por su adaptación a lo largo de los años. Algo que están siempre dispuestos a hacer.

“Al igual como se discutió en Chile una ley fintech podría existir una ley que modernice algunos de los aspectos de las cajas para que sean más sustentables y puedan crecer”, apunta el directivo de las Cajas de Chile.

El argumento de Cames que si hay mayores exigencias en materia de provisiones en el crédito, debido a lo que estipula Basilea III, por ejemplo, tiene que existir un buen balance en términos no limitar el acceso a financiamiento, que ya es limitado para las cajas. "Nosotros, a diferencia de la banca, no tenemos acceso a la ventanilla del Banco Central, y tampoco a las facilidades que esta etidad provee. Entonces, si vamos a tener mayores exigencias, sería bueno que también tengamos esos instrumentos que nos permiten acceder mejor a líneas de financiamiento en el mercado, con el respaldo del Banco Central", indica.

Por otro lado, las cajas realizan préstamos, pero no captan recursos, lo que significa que no están autorizados para entregar una oferta a los trabajadores para generar cierto ahorro. 

Un dato adicionalmente preocupante, porque junto con el endeudamiento, Chile exhibe bajas tasas de ahorro comparadas con otros países del mundo: según cifras reportadas por la OCDE sería de una tasa cercana al 10%, calculada sobre el ingreso disponible del sector.

Una realidad que las cajas y algunos parlamentarios buscarán cambiar, con una reciente presentación para modificar la actual ley que las rige, con miras a ofrecer cuentas de ahorro social, del mismo modo como pueden ofrecer créditos sociales.

“Hoy no vemos otro actor, aparte del Banco Estado, que fomente el ahorro entre los chilenos. Necesitamos más actores interesados en colaborar en el ahorro. Entonces, creemos que hay que avanzar en nuevas normas para las cajas y una de ellas es que se les habilite a tener cuentas de ahorro social para poder también ofrecerles más beneficios y también otra posibilidad de ahorro a esos trabajadores”, concluye Campero.