El economista analiza el estado actual de la salud pública en América Latina y las proyecciones en el nuevo panorama político.

Dentro del complejo mundo de la salud pública hay un asunto que cada vez se ha vuelto más relevante en las discusiones globales: el acceso a los medicamentos. La necesidad de tener tratamientos para hacer frente a complejas enfermedades es algo que año tras año se discute con más intensidad en escenarios globales. ¿Cómo encontrar caminos para que el acceso sea equitativo? ¿Cómo garantizar que los países en desarrollo puedan tener nuevos e innovadores fármacos sin que tambaleen sus finanzas? 

Carlos María Correa es abogado y economista y lleva muchos años estudiando las respuestas a estos interrogantes. Su especialidad es un área clave a la hora de hablar de fármacos, acceso y dinero: las patentes y la propiedad intelectual. Doctor en derecho y profesor visitante de varias universidades, ha sido consultor en distintos organismos, como la Fundación Rockefeller y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. También ha sido miembro de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Cuadro de Expertos Eminentes sobre la Ética en la Alimentación y la Agricultura de la FAO.

El pasado julio, Correa asumió la dirección de una entidad intergubernamental que busca defender y asesorar a los países en desarrollo en tan complejas discusiones globales: el South Centre. Con sede en Ginebra (Suiza), desde 1995 ha intentado que el llamado Sur Global camine en un mismo sentido en varios asuntos. Gobernanza, cambio climático, propiedad intelectual, salud pública y acceso a medicamentos son algunos de los puntos de su agenda. 

Hace unos días, Correa estuvo en Colombia. El Espectador conversó con él.

Históricamente, el Sur Global ha estado en una posición poco privilegiada respecto al Norte. ¿En qué aspectos o áreas aún prevalece esa situación de desigualdad?

Indudablemente, los países del Norte dominan los mercados internacionales. Tienen un gran peso en las organizaciones internacionales y hay una asimetría en la capacidad de negociación entre los países del Norte y el Sur. Aunque hoy tres de las mayores economías del mundo son de países en desarrollo (China, India y Brasil), esto todavía no se refleja de una manera concreta en que los países en desarrollo actúen de una manera coherente en, por ejemplo, la forma de pensar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa es una función del South Centre: fortalecer la capacidad para que los intereses de estos países sean escuchados en escenarios internacionales.

Desde hace mucho tiempo se ha hablado de la necesidad de la unión entre los países del Sur, pero parece una tarea difícil de lograr. ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo caminar en un mismo sentido?

Es cierto. Se debe apuntar a la unidad de los países en desarrollo entendiendo que hay una gran diversidad, que hay países con diversos niveles de desarrollo y distintos intereses económicos y sociales. Esa es una realidad con la cual debemos convivir. El objetivo es encontrar los comunes denominadores. Es lo ideal. Así los países pueden actuar en conjunto sin ignorar que esas diferencias existen.

Hay un asunto que cada vez más es objeto de discusión en los debates globales: el sistema internacional de patentes. Parece ser poco benévolo con los países de medianos y bajos ingresos…

Efectivamente. El sistema de patentes, tal y como se ha desarrollado en los últimos años, establece una serie de normas que restringen la capacidad de los países, especialmente de los que son miembros de la Organización Mundial del Comercio, de definir sus propias políticas. Esto puede tener efectos muy perjudiciales en el campo de la salud. En la medida en que la patente crea monopolio y el monopolio permite al titular fijar los precios, esto puede conducir a una falta de acceso a los medicamentos. Incluso deja a los gobiernos sin capacidad de suministrar esos tratamientos. Hay cierto margen para trabajar esto, utilizando lo que denominamos flexibilidades del acuerdo internacional de propiedad intelectual. Por ejemplo, un camino es definir de manera muy rigurosa los criterios para otorgar una patente, de manera que se dé solamente cuando hay una innovación tecnológica genuina y no cuando haya desarrollos menores o triviales que manifiestan más bien una estrategia comercial de las empresas que una verdadera contribución a la salud pública.

En los últimos años, Colombia, desde el Gobierno y la sociedad civil, ha hecho esfuerzos por garantizar mayor acceso a medicamentos. ¿Qué cree que ha hecho bien y qué mal?

Colombia ha hecho bien en usar herramientas que son totalmente legítimas y favorecen el acceso a medicamentos, como las llamadas licencias obligatorias, que están previstas en tratados internacionales. Paradójicamente, incluso en Estados Unidos, se han utilizado de manera muy frecuente. Lo que ha hecho Colombia es legítimo y permitido. Lo que tal vez ha faltado es una concreción de esas iniciativas. En los tres casos que conozco de iniciativas para otorgar licencias obligatorias, no se han concedido. Han sido el resultado de presiones que ha recibido el Gobierno y que, creo, son indebidas.

¿Ha visto que este tipo de presiones se repliquen en algún otro país?

En algunos países ha sucedido, como en el caso de Tailandia. Pero, curiosamente, en América Latina, aun en Ecuador, que otorgó nueve licencias obligatorias, no hay evidencia de que un país haya sufrido presiones de ese tipo. No hay indicios de que esto haya pasado. Puede explicarse por el hecho de que en Ecuador había una decisión tomada de la más alta autoridad política: el presidente, de forma que no había terreno para presionar sus decisiones.

¿Cuál país cree que es un buen ejemplo en la garantía de acceso a los medicamentos?

Hay ejemplos en países en desarrollo y países desarrollados. Brasil otorgó licencias obligatorias en productos para el VIH. En Ecuador, como dije, se otorgaron varias licencias. También lo hicieron la India e Indonesia para promover el acceso a medicamentos a precios más bajos. En Estados Unidos hay muchos casos de licencias obligatorias concedidas, ya sea por la administración o por los tribunales. Los dos casos más recientes de licencias obligatorias tuvieron lugar en Alemania y Rusia, ambas relacionadas con medicamentos. En ninguno de esos casos se sabe que haya habido una presión equivalente a la que ha sufrido Colombia.

Si tuviera la oportunidad de darle un consejo al llamado “big pharma”, ¿cuál sería?

Que respete el derecho internacional, que respete el derecho de la gente a la salud, que es un derecho fundamental, que se someta a las reglas y que admita que los países tienen una soberanía regulatoria, que deben ejercer para cumplir con sus objetivos en el campo de la salud pública.

En América Latina hay un nuevo escenario político. Ha habido un giro hacia la derecha. ¿De qué manera cree que eso puede influir en las discusiones sobre el acceso a medicamentos?

Naturalmente puede haber una influencia en la forma como estos temas se tratan, pero me parece que, independientemente de los enfoques políticos de los gobiernos, hay una coincidencia en que este es un tema donde están en juego intereses vitales y en donde los países están respaldados por el derecho internacional. Tengo la expectativa de que aun en los países donde puede haber una perspectiva política diferente, estas herramientas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos se mantenga.