Minutos antes de que un ácido le quemara la piel, Natalia Ponce de León recibió una llamada del celador del apartamento donde vivía su mamá. Le dijo que su ex novio Bernardo Londoño la estaba buscando. Ella salió a la recepción del edificio Palos Verdes, al norte de Bogotá, para encontrarse con el hombre, cuya visita le causó sorpresa. “Me encuentro con un personaje de espaldas, con una capucha, tapado. Le pregunté ‘¿quién es usted?’ y me dijo ‘Bernardo está parqueando, ya viene’, y en cuestión de segundos me lanzó un líquido”, narró la mujer en el juicio que concluyó en la madrugada de este viernes 12 de agosto con la condena de Jonathan Vega, el hombre encapuchado.

 

Después del ataque, declaró Ponce de León el 5 de junio de 2015 ante el juez que lleva el caso, “empecé a gritar como una loca, se me derritió toda la ropa, se caían pedazos de piel. Empecé a perder la vista, entré corriendo a la casa, pegando alaridos. No entendía que estaba pasando. No sabía por qué se me estaba deshaciendo toda la ropa y toda la piel. Me metí en fracción de segundos a la ducha”. Grave error: ella no sabía que el agua solo empeora la reacción del químico que Vega vertió sobre su carne. De hecho, en ese entonces, 27 de marzo de 2014, poco habían oído los colombianos sobre los ataques con ácido.

 

Por eso, cuando llegó a la unidad de urgencias de la clínica Reina Sofía le echaron, según palabras de la misma Ponce de León, “agüita por encima”. Tal era el desconocimiento de la gravedad de estos ataques. La metieron en una ducha helada por 45 minutos, y dijo en el juicio: “Ahí empecé a ver cómo se me estaba destruyendo el cuerpo. No estaban preparados para atender este tipo de heridas, estuve esperando mucho tiempo mientras me trasladaban al Hospital Simón Bolívar. El ácido se me metió en la piel, pienso que podían haber salvado gran parte de mi cuerpo". Su tratamiento dura dos años: 16 operaciones, dos de las cuales casi la matan, y además requiere atención psiquiátrica. ¿Y el Estado? Nada.

 

 

Su nombre y su rostro cubierto por una máscara transparente se hicieron visibles a los ojos de la gente aterrorizada por su relato. Estadísticas desconocidas comenzaron a aparecer para enfrentar al país con un monstruo que hasta ese año se había escondido bien. Se supo que desde 2004 Colombia siempre se disputaba el triste título del país con más ataques con agentes químicos con Bangladesh y Pakistán. Que sus víctimas –la primera, Gina Potes, se registró en 1996¬– tenían que enfrentar solas las secuelas físicas y mentales. Que a pesar de lo atroz, en la ley se arropaba bajo el delito de “lesiones personales” y que, por eso, las condenas no superaban los 16 años.

 

La indignación fue mayúscula, y el activismo de mujeres como Gina Potes, quien creo la Fundación Reconstruyendo Rostros, así como el de la misma Natalia Ponce de León rindió sus frutos. A comienzos de 2015 comenzó su camino en el Congreso un proyecto de ley que proponía crear un tipo penal (un delito aparte) para los ataques con ácido, así como endurecer las condenas hasta los 50 años de cárcel dependiendo de la gravedad de las heridas, y generar una ruta de atención integral para víctimas. Al proyecto, que fue presentado por el partido MIRA, se fue sumando el apoyo desde todas las orillas políticas.

 

Mientras en el Capitolio Nacional se discutía el proyecto de ley que los medios bautizaron como la víctima que inició el debate, en los estrados judiciales de Paloquemao avanzaba el caso contra Jonathan Vega, acusado de los delitos tentativa de homicidio y lesiones personales. Los detalles del caso se fueron revelando: había conocido a Natalia Ponce hacía 20 años, cuando tuvieron un altercado por una pelea de sus dos mascotas, no obstante, no habían establecido ninguna otra conexión. Años después, el hermano de Ponce de León se habría metido en la discusión, pero, al parecer, el rencor se fue acumulando y cuatro meses antes del ataque contra la joven, Vega ya había comprado el agente químico con el que la atacó ese 27 de marzo.

 

 

La defensa de Vega sentó a cinco expertos en el banquillo de los testigos para defender la supuesta inimputabilidad del joven, quien supuestamente sufría de esquizofrenia debido a su adicción a las drogas. El médico Luis Alberto Ramírez, quien entrevistó a Jonathan Vega Chávez en la cárcel La Picota para hacerle un examen psiquiátrico, aseguró en su testimonio que Vega se había inyectado una dosis de heroína antes del ataque, y que era un consumidor regular de LSD, lo que le habría generado alucinaciones auditivas con la joven, a la cual perseguía y molestaba sin causa.

 

Cuando el final de caso todavía estaba en vilo, el 25 noviembre del 2015 el Senado aprobó el proyecto de ley ‘Natalia Ponce’ y el 6 de enero de este año, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1773 de 2016 o ley “Natalia Ponce de León”. Las duras sanciones –cuestionadas en su momento por el Consejo de Política Criminal–, contemplan una pena máxima de 30 años si se causa deformidad o daño permanente, o hasta los 50 si el ataque es contra una mujer o un menor de edad. Además, hay multas entre los $644 y los $1.932 millones. Adicionalmente le dio al Ejecutivo un plazo de seis meses para diseñar la ruta de atención integral.

 

Después de esa victoria jurídica, cuya aplicación podría quedar en vilo a causa del proyecto de pequeñas causas que presentó el fiscal Néstor Humberto Martínez, Natalia Ponce de León quedó a la espera de la decisión del juez 37 de conocimiento del circuito penal de Bogotá, que lleva el caso contra Jonathan Vega. Finalmente, después de un proceso que se extendió durante casi dos años, el juez declaró a Vega culpable de todos los cargos por los que lo acusó la Fiscalía. Ahora, a la mujer que cambió de rostro el 27 de marzo de 2014, solo le resta esperar a que el próximo 8 de septiembre el juez lea el monto de la condena que deberá pagar su agresor.

María Paula Rubiano/ El Espectador