Amorim, ministro de Asuntos Exteriores durante la presidencia de Lula, participó en la fundación del grupo BRICS junto con Rusia, India y China. Sudáfrica se unió en 2011 y Argentina ha estado presionando para convertirse en el sexto miembro. "Es bueno tener un equilibrio dentro de los BRICS, tener un papel más grande para América Latina", dijo.
El principal asesor de política exterior del candidato presidencial brasileño Luiz Inácio Lula da Silva apoya la inclusión de Argentina en el grupo de países en desarrollo BRICS, que podría ser un foro para negociar la paz en Ucrania.
Celso Amorim, ministro de Asuntos Exteriores durante la presidencia de Lula (2003-2010), participó en la fundación del grupo BRICS junto con Rusia, India y China. Sudáfrica se unió en 2011 y Argentina ha estado presionando para convertirse en el sexto miembro.
"Es bueno tener un equilibrio dentro de los BRICS, tener un papel más grande para América Latina", dijo Amorim en una entrevista con Reuters el martes por la tarde. "Creo que la eventual inclusión de Argentina sería positiva".
Las encuestas muestran a Lula con una ventaja de aproximadamente 5 puntos porcentuales antes de la segunda vuelta del 30 de octubre contra el presidente Jair Bolsonaro.
Amorim dijo que no ha discutido ningún papel en un eventual gobierno de Lula, pero que sigue hablando de diversos asuntos políticos regularmente con el expresidente izquierdista.
En cuanto a la guerra de Ucrania, dijo que Lula tiene la disposición y la trayectoria para contribuir a las conversaciones de paz.
"Tiene condiciones para participar en un esfuerzo negociador, que debe ser liderado por la Unión Europea y Estados Unidos, pero con la participación de China, obviamente. Brasil también puede ser un país importante, cuya voz resuena en el mundo en desarrollo", dijo Amorim. "El BRICS como grupo podría ayudar".
Un tercer mandato de Lula abriría la puerta para que Brasil vuelva a relacionarse diplomáticamente con Venezuela, dijo Amorim, añadiendo que Bolsonaro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lograron poco al romper relaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
"El aislamiento, las sanciones, los bloqueos, las amenazas de fuerza no ayudan en absoluto. Sólo dificultan las cosas", dijo.
Al ser consultado por las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, Amorim dijo: "Haremos todo lo que podamos a favor de la democracia de forma respetuosa, no intervencionista y no arrogante".
CUMBRE AMAZÓNICA EN ENERO
Por otra parte, Amorim cree que Luiz Inácio Lula da Silva debería celebrar una cumbre de países de la selva amazónica en el primer semestre de 2023 si es elegido, junto con los países desarrollados interesados en su conservación.
Dicha cumbre podría dar un renovado sentido político al Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) firmado en 1978 por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela.
"Hagamos una cumbre y no la limitemos (a los países del tratado). Invitemos a otros países sudamericanos, por ejemplo, y a algunos países desarrollados", destacó.
Su propuesta es la última señal de que Lula pretende situar la diplomacia medioambiental en el centro de su política exterior.
El mes pasado, Reuters informó que sus colaboradores estaban contactando a Indonesia y a la República Democrática del Congo para formar un frente unido de países con la mayor cantidad de selva tropical en las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas de este año.
Cuando Colombia organizó una cumbre en 2019 con los presidentes vecinos para hacer nuevos compromisos basados en el tratado amazónico de 1978, el mandatario Jair Bolsonaro envió a su principal diplomático en lugar de asistir.
Venezuela fue el extraordinario firmante del TCA que quedó fuera de ese llamado Pacto de Leticia, ya que tanto Colombia como Brasil rompieron relaciones diplomáticas con el presidente Nicolás Maduro. Amorim dijo que era importante volver a dialogar con Caracas para avanzar en temas como la protección de la Amazonía.
Lula ya se ha comprometido a combatir agresivamente la deforestación en la Amazonía brasileña, que alcanzó un máximo de 15 años el año pasado cuando Bolsonaro socavó la aplicación de la ley ambiental e impulsó más minería y agricultura en la zona.
