Así lo consigna un informe elaborado por PwC a solicitud del fondo de inversión Southern Cross (compañía que desistió de la compra de la isapre).
Diferencias por hasta $ 13.481 millones US$ 20,6 millones en el costo médico informado por Isapre Masvida en Chile, detectó la empresa de auditoría externa PricewaterhouseCoopers (PwC). Así lo consigna un informe elaborado por PwC a solicitud del fondo de inversión Southern Cross (compañía que desistió de la compra de la isapre), al que tuvo acceso Radio Bío Bío. Estos nuevos antecedentes agudizan aún más la compleja y confusa situación que vive la gestora de salud privada y que mantienen en la incertidumbre a cerca de 500.000 afiliados.
El documento, que fue enviado ayer al directorio de Empresas Masvida, holding que controla a la isapre, detalla que la auditora hizo una comparación entre una revisión independiente que realizó de los costos de salud (los gastos incurridos por la cartera de afiliados durante un año de contrato) de la gestora respecto de los informados por Masvida en su Ficha Económica y Financiera de Isapre (FEFI) -información financiera que le envía a la Superintendencia de Salud-, y en algunos informes de gestión. Para ello, consideró el cierre de 2014, 2015 y 2016, así como también el período que va de enero a agosto de 2016 y el comprendido entre enero y septiembre del mismo año.
El análisis arrojó que el período con mayores diferencias fue el de los primeros nueve meses del año pasado. Mientras la revisión independiente de PwC determinó que los costos médicos totalizaron $ 245.675.345.000 (US$ 374,2 millones), la FEFI entregada por Isapre Masvida había informado que éstos llegaban a $ 232.194.161.000 (U$ 353,6 millones). Es decir, la auditora detectó que los costos en realidad eran superiores en más de $ 13 mil millones (US$ 20,6 millones) a los reportados por la gestora.
Sin embargo, la brecha se reduce al contrastar la cifra con el informe de gestión presentado por la compañía para el mencionado lapso de tiempo. En ese informe Masvida había indicado que los costos llegaban a $237.146.229.000 (US$ 361,2 millones), lo que implica $ 8.529.116.000 (US$ 12,9 millones) menos que los calculados por PwC.
Más allá de las diferencias detectadas por la auditora entre sus cifras y las de la isapre, su análisis reveló que al interior de Masvida también existían inconsistencias en la información financiera.
Más allá de las diferencias detectadas por la auditora entre sus cifras y las de la isapre, su análisis reveló que al interior de Masvida también existían inconsistencias en la información financiera.
“Para una isapre es fundamental saber cuál es el costo médico que tiene porque de esa manera va a saber si los precios que está cobrando son precios que le permiten tener un margen para financiar sus costos administrativos, sus costos de venta, incluso si acaso va a tener un margen”, explica Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. El experto agrega que “cuando una isapre no tiene claro cuál es su costo médico, los precios que está cobrando podrían estar por encima o por debajo del costo real”.
La segunda mayor brecha se dio en el lapso que contempla desde enero hasta agosto de 2016. Mientras los cálculos de PwC exhibieron un costo de salud total de $ 217.927.559.000 (US$ 331,9 millones), el reportado por la gestora ascendía a $ 205.476.674.000 (US$ 312,9 millones). Esto equivale a decir que los costos serían $ 12.450.885.000 (US$ 19 millones) más altos que lo informado al regulador. La cifra también difiere del informe de gestión, que había arrojado un costo de $ 210.278.646.000 (US$ 320,2 millones), una diferencia de $ 7.648.913.000 (US$ 11,6 millones).
Fuentes que conocen el proceso comentan que el análisis de la auditora viene a confirmar las acusaciones sobre falsificación de la información contable en que habría incurrido la isapre durante la administración que había antes que llegara el interventor Robert Rivas, a inicios de marzo. Esa administración era liderada por Claudio Santander, quien presidía Empresas Masvida, la matriz, Enrique Contreras Valcarce, ex presidente de la isapre, y Ulises Figueroa, exgerente general de la gestora, entre otros directivos y ejecutivos.
De hecho, las mismas fuentes precisan que este informe ya fue enviado al fiscal , jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien lidera la investigación contra ex y actuales ejecutivos de Masvida, donde una de las aristas principales es justamente la eventual entrega de información financiera falsa.
Riesgos para la isapre
“Si el precio que está cobrando una isapre está por debajo del costo médico eso generará que la gestora pierda plata, porque con el margen que le quede no le alcanzará para pagar sus costos de administración”, advierte Héctor Sánchez, quien fue superintendente de Isapres entre 1990 y 1993.
Sánchez remarca que esto genera el riesgo de que una isapre en esta situación (como podría ser el caso de Masvida) pueda llegar a una situación financiera crítica, que incluso podría implicar la quiebra.
De comprobarse que los cálculos realizados por PwC son correctos y que Isapre Masvida habría informado un costo médico menor al real en varios miles de millones de pesos, esto, además, tendría un impacto en las garantías que debe tener la gestora ante la Superintendencia de Salud. Mientras más alto es el costo médico de una isapre, aumentan las garantías que debe poseer y a medida que es más bajo, pasa lo contrario.
Considerando que durante 2016 el regulador le liberó más de $ 87 mil millones (US$ 132,5 millones) de recursos en garantías a Masvida, con el fin de que regularizara sus pagos, fuentes que conocen el tema dicen que este proceso se habría realizado con un costo médico incorrecto o derechamente falso.
¿Qué pudo haber provocado el cálculo de un costo médico menor al real? Para Sánchez hay dos opciones. Por un lado, que los sistemas de información y de control de la isapre sean insuficientes y de mala calidad, lo que impediría realizar un cálculo correcto del costo de salud. La otra opción es que Masvida no haya querido transparentar sus costos médicos por algún motivo. Esto, según él, sería algo anómalo que debería ser revisado por la Superintendencia de Salud y el Ministerio Público para determinar si la diferencia entre el costo médico real y el informado es producto de un desorden administrativo financiero o es una información maliciosamente entregada.
Exposición al regulador
Además de enviarle el análisis elaborado por PwC al directorio de Empresas Masvida, Southern Cross ayer también les remitió una carta en la que da cuenta de una reunión sostenida, el 30 de marzo pasado, con el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic.
En ese encuentro, de acuerdo al relato consignado en la misiva, junto con entregarle a Pavlovic el documento elaborado por la auditora sobre el costo médico de la isapre, el fondo de inversión realizó una presentación sobre la situación general de la gestora. Lo anterior, en base a los datos que tuvieron acceso durante el due diligence del año pasado y al proceso complementario que realizaron entre el 13 y 24 de marzo de este año.
La presentación, a la que accedió Radio Bío Bío, enumera algunos argumentos que llevaron a Southern Cross a declinar hacer una nueva oferta por Isapre Masvida. Así, los representantes de la firma le dijeron al superintendente que “la compañía estaría generando recurrentemente pérdidas a nivel operacional, lo que implicaría una necesidad significativa de recursos en el corto plazo” y que estos recursos son adicionales a los que se necesitan para satisfacer el pago de las deudas actuales que posee la gestora.
Otro punto en el que hicieron énfasis fue la urgencia de implementar una solución integral para Masvida, no solo considerando un aumento de capital, sino también la colaboración de los distintos actores que se relacionan con su operación y funcionamiento. “Al no existir un consenso sobre la situación en que se encuentra la compañía, se dificulta poder definir e implementar la solución integral que se requiere”, consigna el documento.
En la misma línea, remarcaron que la ejecución de una solución parcial podría introducir “serios riesgos adicionales” para la isapre, debido a las acciones que puedan tomar los que se vean afectados, ya sea afiliados, prestadores, bancos, accionistas de Empresas Masvida, entre otros.
Luego de estos comentarios, los representantes de Southern Cross le expusieron algunos análisis sobre los estados financieros de la gestora, donde encontraron varias diferencias. En ese contexto, exhibieron que Isapre Masvida había reportado una utilidad antes de impuesto de $ 5.490 millones (US$ 8,3 millones) para el ejercicio 2016. Sin embargo, tras realizar una revisión de las cifras contenidas en la base de datos de la gestora, Southern Cross determinó que en realidad se registró un déficit recurrente entre ingresos y costos de $ 9.304 millones (US$ 14,1 millones).
En base a estos cálculos, el fondo de inversión además proyectó que si se mantiene el costo del plan y los beneficios para los afiliados -tal como se ha anunciado en las últimas semanas-, a fines de 2019 la isapre tendrá un déficit cercano a $ 71.813 millones (US$ 109,3 millones). Es decir, Masvida necesitaría obtener ese monto para poder operar. Esto, sin tomar en cuenta las deudas que posee con prestadores, proveedores y entidades financieras, entre otros actores, las que superan los $ 100 mil millones (US$ 152,3 millones). Incluso, hay quienes dicen que bordean los $ 150 mil millones (US$ 228,4 millones).
