Pfizer, Bayer, Astrazeneca, Glaxo y Euromed  están acusados y podrían enfrentar multas que pueden llegar a US$ 67.000 si se comprueba que dificultaron la venta. 

Cluster Salud. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue y la diputada de Independencia y Recoleta, Karol Cariola presentaron una denuncia, en Santiago de Chile,  en contra de los laboratorios Pfizer, Bayer, Astrazeneca, Glaxo y Euromed. De acuerdo a las autoridades, estas empresas habrían obstaculizado la compra de medicamentos para abastecer las farmacias populares. De comprobarse el hecho, las farmacéuticas podrían ser multadas.

El surgimiento de las farmacias populares en Chile, ha cambiado la forma que tiene el mercado de los medicamentos en el país. Estas instituciones pueden vender a precios hasta 70% más bajos a los que entregan las farmacias regulares, porque se consideran instituciones públicas, pero no ha sido bien recibidas por todos los sectores. Aunque sólo pueden entregar sus productos a vecinos con residencia en los mismos municipios, tras un proceso de selección, lo que hace que su número sea relativamente marginal hasta el momento.

En enero, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos presentó un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia en contra del abastecimiento de medicamentos a este tipo de establecimientos.

La denuncia actual sigue la misma línea de una investigación realizada por el Instituto de Salud Pública (ISP). Según los datos obtenidos, podría existir una diferencia entre los precios que los laboratorios venden  a los diferentes tipos de farmacias.

Jadue aseguró que algunos laboratorios que no los quieren proveer de medicamentos. Algunos básicos, como la Aspirina de Bayer, no se pueden encontrar. Para evitar el desabastecimiento, la Farmacia Popular de Recoleta ha viajado a vecina ciudad de Mendoza, Argentina, para comprar los medicamentos faltantes.

La Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), que incluye a cuatro de los cinco laboratorios cuestionados, informó a través de un comunicado de prensa que no tienen conocimiento de ningún antecedente que corrobore la acusación en contra de sus socios. CIF agregó que “respaldan la iniciativa de las farmacias populares, que buscan contribuir a buscar fórmulas de solución al problema de acceso de las personas a los medicamentos”.

Alex Figueroa, director del ISP informó que si se confirman las sospechas de colusión, los antecedentes serían entregados a la Fiscalía Nacional Económica para investigar y sancionar, en caso de ser necesario.

De comprobarse que han incurrido en la práctica de vender más caros sus remedios a las farmacias populares, ya sea coludidos o no, los laboratorios podrían enfrentar multas que pueden llegar a US$67 mil.