Chile junto con Costa Rica habían sido impulsores del pacto que busca facilitar el acceso a la información y la justicia en temas medioambientales, pero el anterior gobierno decidió no firmarlo bajo el argumento de que podría generar incertidumbre jurídica.
El presidente chileno Gabriel Boric firmó este viernes la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, a casi un año de entrada en vigencia del histórico pacto regional que busca facilitar el acceso a la información y la justicia en temas medioambientales.
El país sudamericano junto con Costa Rica habían sido impulsores del pacto, pero el anterior gobierno encabezado por el presidente de centroderecha Sebastián Piñera decidió no firmarlo bajo el argumento de que podría generar incertidumbre jurídica y alentar conflictos con países limítrofes.
"Este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental", dijo Boric. "Tenemos el desafío de construir juntos un nuevo modelo de desarrollo".
La firma del primer tratado ambiental regional fue una de las promesas de campaña de Boric, que asumió el mando hace una semana. Tras el respaldo presidencial, el acuerdo tiene que ser revisado por el Congreso para su ratificación.
Suscrito en 2018 tras años de negociaciones, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe entró en vigor en abril del año pasado. Es promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El acuerdo busca contribuir "a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible".
En su segundo artículo, precisa que "por 'derechos de acceso' se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales".
Al momento de su entrada en vigencia, 24 países de la región lo habían firmado y doce ratificado.
"Nos encontramos ante la peor crisis ecológica de la historia y requerimos enfrentarla de manera conjunta. Solos no seremos exitosos", dijo la ministra de Medio Ambiente, la climatóloga Maisa Rojas. "El primer y único tratado ambiental de América Latina y el Caribe surge como una potente herramienta para el cambio que anhelamos".
