Durante la mañana de este miércoles, la fiscal Érika Vargas llegó junto a la PDI hasta las dependencias de la Red de Salud UC para incautar la documentación faltante respecto al caso de la menor de 13 años, Daniela Vargas.
Durante la mañana de este miércoles, la fiscal Érika Vargas llegó junto a la PDI hasta las dependencias de la Red de Salud UC para incautar la documentación faltante respecto al caso de la menor de 13 años, Daniela Vargas.
La niña de Chiloé murió bajo custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename), quien no pudo recibir un trasplante de corazón por su “precaria situación social, familiar y personal”, según lo definió el Comité de Ética del recinto médico en 2015, a través de un documento que fue avalado por el Minsal.
En concreto, sufría una “miocardiopatía dilatada”, cuya patología le quitó la vida y la hizo pasar sus últimos años bajo el cuidado de un centro provincial del Sename en Los Lagos.
Tras las diligencias de la jornada, aseguró ante la prensa que “los documentos originales van a permitir hacer los cotejos correspondientes” y explicó que se realizó “con la colaboración de parte del Hospital de la Universidad Católica”.
Eso sí, si bien el persecutor Marcos Emilfork incautó en noviembre de 2017 las fichas clínicas de la menor al inicio de las indagatorias, el Ministerio Público pidió la orden judicial concretada este miércoles luego que el establecimiento no entregara de forma voluntaria todos los documentos requeridos.
Pese a ello, la Red de Salud UC desmintió todo lo anterior. A través de un comunicado, la entidad recalcó que “todos los antecedentes fueron entregados por nuestra institución a la Fiscalía en el marco del procedimiento de la entrega voluntaria de documentación original. Queremos reiterar que esta diligencia no corresponde a un allanamiento”, sostuvieron.
